Por José Víctor Rodríguez Nájera

En febrero pasado la Organización de las Naciones Unidas (ONU) entregó al Estado mexicano un diagnostico sobre los derechos humanos; su relator especial, Christof Heyns, consideró que en nuestro país se produce un número alarmante de violaciones en esta materia.

El documento fue entregado al titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y este a su vez, remitió una copia a los representantes del Congreso de la Unión y del poder Judicial.

Christof Heyns constató una serie de irregularidades en entidades como la ciudad de México, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León, entre otras, que visitó el año pasado.

Identificó que grupos vulnerables como las mujeres, migrantes, periodistas, defensores de los derechos humanos, niños, reclusos y detenidos, así como personas lesbianas, gay, bisexuales, y transgénero, sufren de manera constante violaciones en sus derechos básicos.

La oficina internacional le propuso al titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, salir de este ciclo de violencia que provocan los grupos delincuenciales y del narcotráfico, le recomendó construir “un sistema sólido y eficaz que investigue y, cuando proceda, castigue todos y cada uno de los asesinatos que se produzcan”.

El organismo recomendó también, al presidente Enrique Peña Nieto, regresar a sus cuarteles a los militares que hacen actividades de policía desde 2006, cuando el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, dispuso combatir a los grupos criminales ante una “guerra contra el narcotráfico”.

Sostuvo que, con base en casos generados en América Latina como Colombia y Venezuela, la seguridad pública debe estar en manos de civiles y no de las fueras de seguridad militares.

Argumentó: “el principal objetivo de un cuerpo militar es someter al enemigo valiéndose de la superioridad de su fuerza, mientras que el enfoque de los derechos humanos, que debe ser el criterio para juzgar cualquier operación policial, se centra en la prevención, detención, investigación y el enjuiciamiento”.

La ONU suscribió que para alejarse del paradigma militar es importante “centrarse en el fomento de la capacidad de las autoridades civiles –como los jueces, los fiscales, la policía judicial y demás funcionarios del poder judicial– para prevenir, investigar y enjuiciar los delitos”.

La recomendación no tuvo eco por el Estado mexicano, ni siquiera una reacción pública; si lo hizo, lo sostuvo de forma privada.

La respuesta del presidente Enrique Peña Nieto y del secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,  fue contraria a la recomendación internacional, ordenaron ampliar la presencia militar en labores de policía en Michoacán, Tamaulipas, estado de México y la ciudad de México.

Es probable que el ciclo de violencia no disminuya en los próximos meses, aunado a los malos resultados en la economía nacional, los ciudadanos perciben una disminución en su poder adquisitivo.

Un ejemplo ilustrativo, un kilogramo de tortilla –alimento básico para la dieta de los mexicanos– se conseguía en el año 2000 en 2.5 pesos, en este 2014 su precio por kilogramos rebasa los 12 pesos, casi 500 por ciento más caro; lo mismo pasada con el gas, la energía eléctrica, y alimentos como la leche y el pan.

Este mismo año fue arrestado un ex gobernador, Jesús Reyna, al demostrarse que sostuvo encuentros con un grupo criminal denominado «Los Caballeros Templarios», nada ha pasado. Se han denunciado contratos apócrifos con la empresa más importante del país: Pemex, nada ha pasado.

El Estado mexicano ha dejado garantizar derechos ciudadanos: alimentos, empleo, servicios, academia, seguridad y en algunos casos, manifestación; ¿será que México es ya un Estado fallido?, sólo es pregunta.

Periodista mexicano / @JoseVictor_Rdz