En una decisión en la que se impuso la mayoría, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinaron que es constitucional que las declaraciones sobre la situación patrimonial de los funcionarios sean públicas, sólo en los casos en los que los servidores lo concedan, con su autorización previa.

Con esta resolución se negó el amparo a un particular que solicitó las declaraciones patrimoniales de los diputados federales, en un expediente que llegó hasta el Alto Tribunal del país en 2013, lo que derivó en un amplio debate que en junio del año pasado quedó sin conclusión, ya que se desechó el proyecto que inicialmente estaba a favor de conceder la protección de la justicia federal al quejoso.

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