Por Fausto Hernández | Reportero

El desabasto de gas en México -de manera particular en la zona centro-, es provocada por la mala administración del gobierno federal, al tratar de extinguir una parte de la cadena de distribución del energético, afirman distribuidores afectados.

«Esta situación se provocó desde el Palacio Nacional al disminuir el precio comercial al público, aumentar el precio a los distribuidores y así, paulatinamente, hasta eliminar nuestro margen de ganancia.

«La comisión por litro de gas LP era de aproximadamente 2 pesos, sin embargo, la administración federal fijó el precio del producto a 11.52 pesos por cada litro, pero ese mismo precio es el que, el gobierno federal puso a la venta al público, es decir, no ganamos nada por distribuir el energético», dijo Adalberto Maya Moreno, integrante de la Unión de Gaseros del Valle de México.

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En entrevista con Sociedad Noticias explicó que hay más de un millón de familias afectas de manera directa, familiares de personas que tienen como oficio el reparto del gas licuado del petróleo (LP) en todo el país, explicó.

Añadió que hay un número mucho mayor de personas afectadas, que son los hogares, industrias, comercios, centros educativos y recreativos, donde se requiere día a día el energético para las actividades diarias de los mexicanos.

¿Violación a derechos humanos del gobierno federal?

El abogado Juan Manuel Mancera, del Centro de Derechos Humanos «Zeferino Ladrillero», explicó que esta situación se vislumbra delicada, por una parte, por el derecho constitucional que tienen las personas al trabajo digno y bien remunerado como distribuidores del energético.

«Es importante recordar que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho al trabajo bien remunerado de las personas que participan en esta cadena de distribución del gas LP, y que en su mayoría carecen de prestaciones de Ley», sostuvo.

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El maestro en derecho agregó que, además, la sociedad debe tener la garantía a obtener la debida distribución del gas LP como un derecho humano, ya que con él se obtiene beneficios como el proceso de alimentos, calefacción, aseo, consumo de agua potable, factores que resaltan en este momento de la pandemia por Covid-19.

Adelantó que el Centro de Derechos Humanos «Zeferino Ladrillero» ya analiza consultar esta situación entre los diversos distribuidores de gas LP y el gobierno federal, a fin de garantizar el derecho de todas las personas. –sn–