Por Gabriela Díaz | Reportera                                              

La expresidenta de la comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, denunció la constante violación de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en México y lamenta que este grupo de la población se encuentre en la absoluta indefensión.

La exdiputada federal del PRD resalta que “las instituciones dedicadas a la protección de niñas, niños y adolescentes son inoperantes y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y sus pares en los estados, simplemente no cumplen con su mandato constitucional”, acusó.

Juárez Piña, quien como legisladora federal participó activamente en el impulso de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, señaló el incumplimiento del objeto principal de esta norma, misma que establece “reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política”.

“El Estado mexicano está faltando a su obligación de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados”, denuncia y cuestiona la insensibilidad y evasión de responsabilidad del Presidente de la República respecto a este tema.

“El Jefe del Ejecutivo cometió un error al calificar de politiquería las denuncias en contra de Mariana Rodríguez y su esposo, el Gobernador de Nuevo León, por la sustracción de un niño al cuidado del DIF estatal, cuando él es el principal responsable de garantizar el Estado de Derecho, los derechos humanos y la protección a la niñez y la adolescencia, sobre todo por su encomienda de encabezar a nivel nacional el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes”, precisa como ejemplo de su denuncia.

Juárez Piña añadió, además, el caso del niño sustraído de una fosa en un panteón de Iztapalapa y cuyo cuerpo fue encontrado al interior del Cereso de San Miguel, en Puebla. “Ninguno de los tres niveles de gobierno cumplió con su responsabilidad para evitar este grave acto y ninguna de las dependencias involucradas atiende con la celeridad debida la investigación”, sostiene.

“Casos como estos se normalizan cuando el principal responsable de garantizar los derechos humanos de la infancia, como lo es el Presidente de la República, minimiza la violencia que azota el país”, considera.

“Estos solamente son algunos ejemplos, pero hay muchos otros que demuestran la vulnerabilidad en la que se encuentra este grupo de la población, como el hecho de la oposición sistemática del Gobierno Federal a vacunar contra la COVID-19 a menores entre 5 y 12 años de edad, negándose a reconocer la evidencia del riesgo en que se encuentran por la pandemia”, sostiene. –sn–

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