Posibles escenarios en el “turbulento” proceso electoral de Guatemala

Por Tomás Guevara | Corresponsal | VOA

Washington, EU.- Muchos guatemaltecos creen que sí habrá elecciones el 20 de agosto en el país, pero no descartan más sobresaltos en este mes antes de acudir a las urnas, ni después del conteo de votos donde uno de los dos contendientes –Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, y Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)- se hará con la victoria para llevar las riendas del Ejecutivo a partir de enero de 2024.

Desde Guatemala, Manfredo Marroquín, de la organización Acción Ciudadana, que trabaja en asuntos de combate a la corrupción como parte de Transparencia Internacional, le dice a la Voz de América que la invalidación de la terna presidencial de Bernardo Arévalo y su Movimiento Semilla parece “cuesta arriba” –al menos hasta el día de la elección- para el Ministerio Público, dirigido por la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por los Estados Unidos.

Para este analista, la segunda vuelta presidencial en este “turbulento proceso” sería apenas el medio camino, a razón de lo que podría venir después de los comicios, al considerar el empeño en la judicialización del proceso.

Inesperado resultado

Las acciones de la semana pasada mantuvieron al país en vilo durante dos días por la solicitud del Ministerio Público —con el apoyo del juez Fredy Raúl Orellana, incluido este miércoles por los Estados Unidos en la Lista Engel— de intentar cancelar al Movimiento Semilla, que resultó ganador del pase a la segunda vuelta en un inesperado resultado en las votaciones generales del 25 de junio.

“Creo que el riesgo de exclusión del candidato Arévalo, que se ha intentado por varias vías por parte del gobierno y sus aliados, ya se ha descartado. Creo que tenemos la seguridad de tener una segunda vuelta el 20 de agosto”, opina Marroquín.

Sin embargo, no descarta “riesgos” al continuar la investigación sobre la cancelación del Movimiento Semilla por parte de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) dirigida por el fiscal Rafael Curruchiche, también sancionado en 2022 por el Congreso de EU.

Obtener indicios

Esas acciones llevaron este viernes al allanamiento de la sede del partido, que la FECI justificó como parte de su trabajo para «obtener indicios que fortalezcan la investigación respetando lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad en amparo provisional” del proceso abierto contra Semilla el 12 de julio reciente.

El allanamiento deriva de una investigación de la FECI sobre presuntas irregularidades en el registro de más de 5.000 nombres en las actas del Movimiento Semilla, una acusación rechazada desde el partido y que ha sido recibida con recelo por parte de la comunidad internacional y grupos de derechos humanos.

Las previsiones de Marroquín coinciden con las del jefe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA), Eladio Loizaga, que al presentar su informe preliminar sobre el proceso electoral en Guatemala, ante el pleno del organismo en Washington, planteó los retos que podrían darse en los próximos días en el marco de una campaña electoral marcada por la “extrema judicialización”.

Investigaciones penales

“La Misión mantiene su preocupación de cara a lo que resta del desarrollo de este proceso electoral. Preocupa la falta de certeza jurídica, la posibilidad de la descalificación arbitraria de alguna de las opciones que emanaron del voto el 25 de junio, los efectos de las investigaciones penales a los militantes partidistas, y la polarización que se ha profundizado en las últimas semanas”, dijo el miércoles el diplomático paraguayo, a quien se le encomendado vigilar los comicios del centroamericano.

Loizaga también consideró que hay “un abuso de los instrumentos legales” por parte de actores insatisfechos con la voluntad popular de los guatemaltecos, lo que introduce un “alto grado de incertidumbre” a la situación de país y que pone en riesgo la “estabilidad democrática” de Guatemala.

Los sobresaltos luego del conteo de los votos del 25 de junio “no se pueden repetir de cara a la segunda vuelta electoral, ni en la etapa posterior al 20 de agosto”, acotó el jefe de misión.

Acción contra operadores de justicia

Al faltar un mes para abrir las urnas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) movió una ficha más para poner «en firme» -según explicó en un comunicado- su compromiso por la institucionalidad democrática.

En un amparo presentado ante la Corte de Constitucionalidad ha pedido que se impida a la fiscal general Consuelo Porras, a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Valdés Quezada, y otros seis funcionarios judiciales continuar atentando contra el proceso electoral porque existe una “amenaza cierta, futura e inminente» de esos funcionarios al Estado democrático de derecho de Guatemala.

El TSE considera que las acciones del Ministerio Público y la FECI atentan contra el proceso democrático y el mandato constitucional de la institución rectora de las elecciones, por lo que «condena las acciones desproporcionadas, intimidatorias y con exceso de fuerza con que han actuado las diferentes autoridades».

Allanamiento sorpresa

La acción de TSE se presentó mientras la sede del Movimiento Semilla era tomada desde la mañana de este viernes en un allanamiento sorpresa realizado por fiscales y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), lo que evidenció un paso más en la escalada contra el proceso institucional y el partido político que compite en la segunda vuelta presidencial.

El líder de la formación y candidato presidencial Bernardo Arévalo salió al paso al calor de los hechos y dijo que el allanamiento es la «demostración flagrante de la persecución política que hemos denunciado. No les importa nada y no se van a detener, pero nosotros tampoco nos detendremos», dijo el político en su reacción a los hechos.

Se complicaría gobernabilidad

Para Manfredo Marroquín, la cuestión más compleja al revisar los escenarios posibles sería ver cómo se encaminaría la gobernabilidad del país ante un hipotético triunfo de Bernardo Arévalo y el Movimiento Semilla, cuya investigación sigue en curso por parte del Ministerio Público, luego que la Corte de Constitucionalidad emitiera un amparo para continuar hacia la segunda vuelta, pero dejara abierta la investigación contra el partido.

También el juez Orellana ha continuado su cruzada al solicitar al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con una orden expresa a cumplirse en dos horas, que le informaran de las razones por las que no se ha cumplido su sentencia de cancelar la personería jurídica de Semilla.

Marroquín cree que el apoyo en las urnas se decantará en mayoría por Arévalo, dado que su oponente Sandra Torres ha tenido “un desempeño muy bajo en las segundas vueltas” en comicios anteriores, “por el nivel de rechazo que ella tiene con el antivoto”; como sucedió en 2018.

Ganó la partida

Este año Torres se hizo del 15 % de los votos válidos, pero con un 10 % menos que lo logrado en 2018 para competir contra Alejandro Giammattei que le ganó la partida.

La preocupación es que “lo que nosotros llamamos el ‘pacto de corruptos’ en Guatemala siga controlando las cortes, eso si va seguir siendo una amenaza para la gobernabilidad y es muy probable que la persecución contra Semilla y el candidato Arévalo sigan después de que este pueda ser electo presidente el 20 de agosto, esto apenas empieza”, dijo Marroquín a VOA al vaticinar los escenarios.

Pero considera que las acciones son cada vez más «arriesgadas» y que los que atentan contra la institucionalidad del país «están jugando con fuego». –sn–