Norma Piña, ministra presidente de la SCJN, sostuvo que una reducción del presupuesto al Poder Judicial pondrá en riesgo los derechos de los mexicanos de tener un acceso a la justicia eficiente.
Por Carlos Lara Moreno | Reportero
El Poder Judicial de la Federación (PJF) defendió su solicitud de presupuesto para el próximo año, ya que se dejó claro que México demanda un sistema de justicia fuerte, independiente y autónomo,
Norma Piña Hernández, ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), alertó que se habla de reducir el presupuesto, lo que tendrá como consecuencia directa “el asfixiar al Poder Judicial colocándolo en una condición vulnerable y de mayor desventaja para acceder a los derechos”.
Desde el Poder Judicial Federal asumimos la gran responsabilidad que tenemos de cara a la sociedad en cada sentencia, de cada acto que repercute en la vida de las personas. Sin embargo, nuestra actuación está directamente condicionada por la suficiencia presupuestal”.
Sociedad contribuyente
“El acceso a la justicia es un derecho que le cuesta a la sociedad contribuyente. Es un derecho que no basta con enunciar formalmente en nuestro texto constitucional para que se haga realidad. Para que el derecho a la justicia sea efectivo, es indispensable que el Estado destine montos adecuados de los recursos que recauda.
“En este sentido, proteger el acceso a la justicia de las y los mexicanos, no sólo le corresponde al Poder Judicial Federal, sino también directamente al Poder Legislativo que debe asignar los recursos suficientes, respetando así, en el ejercicio de sus atribuciones, las garantías constitucionales que rigen la protección de nuestros derechos”, expuso.
En sesión solemne del Pleno de la SCJN, Piña Hernández expuso que la asignación presupuestal requerida para la impartición de justicia federal en 2024 representa, en promedio, 1.8 pesos diarios por mexicano.
Contrapeso entre los poderes
La ministra presidente recordó que la asignación presupuestal al Poder Judicial Federal en nuestro diseño constitucional responde a un indispensable ejercicio de contrapesos entre los poderes; ejercicio que, si bien debe atender al principio de estabilidad financiera, lo cierto es que encuentra límites muy claros en la propia Norma Suprema.
Acotó que el debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado ante una insuficiencia presupuestal, no implica una política de austeridad, sino que lleva al rompimiento del Estado de Derecho.
Doctrina constitucional
Norma Piña recordó que de la operación del Tribunal Pleno y las dos Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dependerá que se continúe construyendo la doctrina constitucional indispensable para prevenir y reparar violaciones a los derechos fundamentales de las mexicanas y los mexicanos.
“Este alto Tribunal tiene, además, la encomienda constitucional de velar por que cualquier actuación de las autoridades nacionales se apegue a la máxima norma jurídica en México, nuestra Constitución, en la que está representada, entre otras cosas, la soberanía popular, el federalismo y la división de poderes”.
Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, se debe reducir el presupuesto al Poder Judicial de la Federación ya que impera la corrupción y excesos entre sus integrantes. –sn–


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