Analizan en Comisiones Legislativas iniciativa para evitar que se filtren imágenes de víctimas de un delito

Mireya Estrada | Corresponsal

Toluca, edomex.- A fin de salvaguardar la dignidad y honra póstumas de toda persona que pierde la vida, así como garantizar el acceso a la justicia a terceros debido a prácticas ilícitas cometidas tanto por servidores públicos como por ciudadanos, integrantes de la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia, iniciaron el análisis de la iniciativa para realizar reformas al Código Penal, presentada por la diputada Luz María Hernández Bermúdez.

En sesión de trabajo de la Comisión Legislativa que preside el diputado Gerardo Ulloa Pérez, los legisladores escucharon la exposición de motivos de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 227 Bis y se adiciona la fracción XVI del artículo 335 del Código Penal del Estado de México.

Durante la reunión, se estableció que la única intención de la autoridad legislativa al expedir la norma es y será proteger a las víctimas a través de tipos penales que condenen el uso indebido de la información referida.

A su vez, la proponente, diputada Hernández señaló que la iniciativa tiene como propósito fundamental castigar la difusión de material que revictimice y atente contra la dignidad de las víctimas, así como establecer medidas que protejan la dignidad póstuma de las niñas, niños, adolescentes y mujeres.

“Partiremos del hecho de que en el primer antecedente que se tiene de la creación del artículo 227 Bis del Código Penal del Estado de México se deriva la Ley Ingrid, la cual surgió a raíz de la difusión indebida en las redes sociales y medios de comunicación de las imágenes de un feminicidio ocurrido en febrero del 2020, por la divulgación masiva del cuerpo mutilado de Ingrid que conmovió a la sociedad se exigió que pararan las imágenes”, dijo.

Y este artículo contempla el delito de utilización indebida de información contenida en la investigación de carácter penal que sanciona a servidores públicos, de procuración y administración de justicia por hacer uso indebido de material relacionado con cadáveres de víctimas. –sn–