La presidente del PJF se reúne con la delegación de la ONU para reafirmar el compromiso de México con los derechos humanos.

Por Martín García | Reportero

La ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien preside el Poder Judicial de la Federación (PJF), reafirmó el compromiso del PJF, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en la lucha contra las detenciones arbitrarias.

Durante la reunión con el grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (GTDA), Piña Hernández destacó el compromiso genuino de México con la protección de la dignidad de las personas, el debido proceso y el acceso a la tutela efectiva, considerando que combatir las detenciones arbitrarias es una de las máximas prioridades.

Acompañada por otros miembros del PJF y del CJF, Piña Hernández recibió a la delegación del GTDA, que visitaba México después de más de dos décadas desde su última visita al país.

La ministra informó que el PJF ha tomado en cuenta las casi 50 opiniones emitidas por el GTDA al Estado mexicano desde 2002 sobre detenciones arbitrarias en casos específicos. Además, anunció la publicación de un protocolo de actuación sobre la legalidad de las detenciones en el sistema penal acusatorio a finales de este año.

En respuesta a las preocupaciones del GTDA sobre la impunidad en casos de detenciones arbitrarias, Piña Hernández explicó cómo se ha reforzado la protección de las personas a través del registro de cada detención y la obligación de todas las autoridades que realizan labores de apoyo a la seguridad pública, incluyendo a las fuerzas armadas.

Piña Hernández también enfatizó la importancia de la independencia judicial y la necesidad de garantizar condiciones políticas, jurídicas y materiales que aseguren la actuación imparcial y efectiva de la judicatura.

Matthew Gillett, miembro del GTDA, reconoció la importancia de la independencia judicial en un país que enfrenta una criminalidad compleja y destacó su relevancia para la presunción de inocencia.

Por su parte, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat resaltó el papel de La Corte en la contribución a que la política de seguridad en México responda a las obligaciones de respeto y garantía de derechos humanos, incorporando estándares internacionales.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá abordó el tema de la prisión preventiva, considerándola una medida profundamente restrictiva del derecho a la libertad personal que debe ser una excepción y aplicarse bajo estrictos estándares de derechos humanos. –sn–