Las pensiones de jubilación no son simplemente un asunto financiero; son un compromiso constitucional y una responsabilidad social que trasciende las cifras.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

En México, las pensiones de jubilación no son simplemente un asunto financiero; son un compromiso constitucional y una responsabilidad social que trasciende las cifras. La seguridad social, enmarcada en estas pensiones, ha sido una base esencial de nuestro sistema. Sin embargo, es innegable que enfrentamos un problema crítico: la baja cobertura y la insuficiencia de estas pensiones, lo que afecta en mayor medida a un sector vulnerable, particularmente a las mujeres de la tercera edad.

Nuestro país está inmerso en una transición demográfica, pasando de una población predominantemente joven a una cada vez más envejecida. Este cambio en la pirámide poblacional plantea un desafío económico y social. La antigua lógica de que la población joven sostiene a la mayor ya no es válida. Esto se traduce en un reto económico para los adultos mayores en su búsqueda de una vida digna.

Diversos analistas y organizaciones han alertado sobre el futuro de las pensiones en México y en otros países, advirtiendo que las personas mayores podrían enfrentar la necesidad de continuar trabajando o depender en gran medida de otras medidas, o, de programas sociales para subsistir. Esto representa un problema de enormes dimensiones, particularmente cuando se observa la situación de las mujeres.

La brecha de género se hace evidente, con una significativa menor participación de las mujeres en el mercado laboral remunerado, lo que aleja la posibilidad de obtener una pensión de jubilación. Esto se agrava por su participación en actividades no remuneradas, como el trabajo doméstico y el cuidado de la familia.

Las minorías étnicas, como los afrodescendientes e indígenas, también enfrentan una mayor vulnerabilidad en términos de pensiones. Aunque han recibido cierta atención en forma de pensiones no contributivas, es esencial mantener estos programas de manera constitucional y abordar sus necesidades específicas de manera integral.

El escenario planteado ha motivado parte de la labor legislativa sobre pensiones. A la fecha, existen tres desafíos fundamentales en este ámbito. Primero, debemos abordar la falta de protección en el sistema de pensiones, que se ha aliviado en parte con la pensión no contributiva, pero aún no se ha resuelto por completo.

En segundo lugar, debemos trabajar hacia una cobertura universal para todos los adultos mayores. Por último, es esencial calcular las pensiones utilizando el salario mínimo, en lugar de la Unidad de Medida y Actualización, lo que aumentaría el poder adquisitivo de los beneficiarios.

Uno de los propósitos de la labor legislativa debe ser mejorar la calidad de vida de las personas mayores, permitiéndoles satisfacer sus necesidades básicas y vivir con dignidad y seguridad.

Pero esta problemática va más allá de la esfera legislativa; requiere un esfuerzo conjunto de la sociedad y el gobierno, y una conciencia creciente en las generaciones más jóvenes sobre la importancia del ahorro para la jubilación.

En última instancia, la solución debe ser viable a corto, mediano y largo plazo, para garantizar un futuro digno para nuestros adultos mayores en esta nueva etapa demográfica de México, y esto, es una labor que debería calificarse como urgente por los legisladores en el Congreso de la Unión.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Publicada de manera original en el Diario ContraRéplica

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