Organizado por Wolters Kluwer junto con su partner iUNiS Digital Group, en colaboración con la Cámara Comercio de Madrid, Foro Activa 2023 ha puesto sobre la mesa el impacto de las nuevas obligaciones legales en la digitalización de pymes, autónomos y despachos

Por Verónica Estrada | Reportera

El pasado martes, 12 de diciembre, ha tenido lugar, en el Palacio de Santoña, sede de la Cámara de Comercio de Madrid, el Foro Activa 2023, en el que se han presentado las últimas actualizaciones en materia de facturación electrónica y reglamento antifraude, ante la inminente tramitación de unas leyes que van a cambiar la manera de gestionar los negocios y las obligaciones legales, tanto para los empresarios como para sus gestores.

Organizado por Wolters Kluwer junto con su partner iUNiS Digital Group, en colaboración con la Cámara Comercio de Madrid, Foro Activa 2023 ha puesto sobre la mesa el impacto de las nuevas obligaciones legales en la digitalización de pymes, autónomos y despachos. La Ley Antifraude y la Ley Crea y Crece han sido las protagonistas de la sesión, en un evento que anticipa las inminentes obligaciones empresariales de las nuevas normativas. Asesoría, tecnología, competitividad, innovación y valor añadido son los conceptos del futuro próximo.

Cómo será el nuevo reglamento

El BOE del pasado 7 de diciembre publicaba el Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos, que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de formatos de los registros de facturación.

Este reglamento, centrado en la estandarización de los sistemas y programas informáticos de facturación, tiene el objetivo de asegurar la integridad de los procesos de facturación, prevenir alteraciones indebidas en facturas, una vez emitidas e, igualmente, fomentar la digitalización de las empresas.

Desde su puesta en marcha, la normativa establecerá las características de los sistemas informáticos, que deben resultar operativos, al mismo tiempo que minimicen los costes fiscales indirectos que puedan resultar para los productores, comercializadores y usuarios. Así, protege la libre competencia, además, sin discriminar las soluciones tecnológicas empleadas, siempre que dichas soluciones cumplan con los requisitos. –sn–