En el complejo entramado de la seguridad nacional, la Guardia Nacional emerge como un actor central, aunque su conformación dista de reflejar plenamente el carácter civil que la Constitución propugna.
Por José Víctor Rodríguez Nájera
En el complejo entramado de la seguridad nacional, la Guardia Nacional emerge como un actor central, aunque su conformación dista de reflejar plenamente el carácter civil que la Constitución propugna. Un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República revela que el 80 por ciento de sus integrantes provienen de las Fuerzas Armadas, desdibujando la línea que separa lo militar de lo civil.
El informe, elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro, resalta la aprobación significativa que la Guardia Nacional ha logrado en la sociedad, con un contundente 73.5% de aprobación en cuanto a su desempeño. Sin embargo, este respaldo contrasta con las disonancias que surgen al escrutar su estructura y operatividad.
La disparidad de género en los altos mandos de la Guardia Nacional llama la atención, pues, a pesar de la orden constitucional de observar la perspectiva de género, todos sus líderes son hombres. Este hecho plantea interrogantes sobre la genuina implementación de principios igualitarios en una institución que, en la práctica, reproduce dinámicas militares tradicionales.
El despliegue territorial de la Guardia Nacional ha sido una constante, expandiéndose por todo el país. Entre 2019 y 2023, entidades como el estado de México, la ciudad de México, Guanajuato, Jalisco y Michoacán concentraron el mayor contingente de elementos desplegados. Sin embargo, las entidades con menor presencia, como Yucatán, Tlaxcala y Colima, plantean interrogantes sobre la distribución estratégica de recursos y el enfoque de la seguridad.
Un dato preocupante que el estudio resalta es la falta de profesionalización en la militarizada Guardia Nacional. Aunque la Constitución exige que sea una institución profesional, sólo el 40 por ciento (cuatro de cada diez) de sus efectivos posee el Certificado Único Policial, documento crucial que avala y certifica sus habilidades y conocimientos para cumplir con eficacia sus funciones; incluso, vinculante para permanecer como empleado en esta fuerza militarizada.
La sombra de las violaciones a los derechos humanos también concibe a la Guardia Nacional. Las mil 756 quejas acumuladas en sus primeros cuatro años de vida, por detenciones arbitrarias, tortura y tratos degradantes, la colocan entre las instituciones más señaladas por atropellos a los derechos fundamentales ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), evidenciando retos fundamentales en este rubro en contra de la sociedad civil.
Esta advertencia la ha emitido la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y varios colectivos a lo largo y ancho del mundo, como Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras, Human Rights Watch; en México, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, el Grupo Integral de Derechos Humanos “Lex-magister”, sólo por nombrar a algunos.
La Guardia Nacional, con su ambigüedad entre lo civil y lo militar, su despliegue territorial y la falta de profesionalización, se erige como una pieza clave en el tablero de la seguridad nacional. Sin duda alguna, este 2024 será el año en que el Congreso de la Unión “arrastre el lápiz” para garantizar su certeza jurídica, con una visión transversal en materia de respeto a los derechos humanos y, lejos, lo más lejano, de una atmosfera militarizada.
* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
- Columna anterior: El desafío de las pensiones
Publicada de manera original en el Diario ContraRéplica
¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
También, te invitamos a que te sumes a nuestro canal de información en tiempo real a través de Telegram.
Sociedad Noticias 