El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) «Lex-magister» saludó el gesto de la gobernadora mexiquense Delfina Gómez por impulsar la libertad para tres personas privadas de su libertad.

Por Paola Ramírez | Reportera                                              

El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) «Lex-magister» saludó el gesto de la gobernadora mexiquense Delfina Gómez y su secreatrio de gobierno, Horacio Duarte, por impulsar la libertad para tres personas privadas de su libertad a través del recurso de la amnistía que impulsó esta organización.

El presidente de la GIDH, Jesús Rey Fierro Hernández, recordó que se tratan de dos mujeres y un varón que fueron sentenciados a 40 años de prisión; una de las mujeres por homicidio y las otras dos personas por la comisión del delito de extorsión.

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En la víspera, y con la participación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codehem), fue puesta en libertad en Ecatepec Jocelyn «n», quien estuvo privada de su libertad durante 14 años, después de ser sentenciada a 40 años por el homicidio de su pareja, quien era un policía federal que ejercía en contra de ella violencia física, sicológica, sexual, económica, vicaria y familiar.

Violación al debido proceso

«El expediente de esta persona evidencia diversas situaciones que no fueron tomados en cuenta durante el proceso penal, entre ellos, que esta persona era víctima de violencia; se vulneraron sus derechos de acceso a la justicia, a ser juzgada con perspectiva de género, a tener una adecuada defensa, y no se tomó en cuenta que era una mujer en situación de vulneración», explicó.

El doctor en derecho, reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, explicó que el día de los hechos por los que fue juzgada, su concubino amenazó con matar a su propia hija, en ese entonces de un año, a quien le colocó una pistola en la cabeza y luego le introdujo el arma a la boca; tras discutir la víctima tomó el arma y le disparó con el único fin de defender a su hija.

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En los otros casos, el defensor del pueblo expuso que, tanto Martina «n» como Juan «n», quienes fueron sentenciados a 40 años de cárcel por el delito de extorsión, cumplieron ocho años privados de su libertad. Martina fue liberada en el CPRS Femenil de Nezahualcóyotl Sur; y Juan, de Chalco.

Proporción de la pena

El doctor en derecho Fierro Hernández explicó que Martina es una mujer indígena migrante, originaria de Oaxaca, que habla mixteco y entiende poco el castellano; mientras que Juan trabajaba como ayudante de albañil, era cuidador de su mamá, quien tiene una discapacidad motora y no tenía acceso a los servicios de salud, ni de seguridad social.

Durante el desarrollo de su caso, Fierro Hernández explicó que se pudo acreditar que, durante el proceso penal, ambas personas fueron afectados en sus derechos humanos de manera directa en la proporción de la pena de prisión, ya que fue excesiva, el monto de la extorsión fue de 2 mil pesos, los cuales, incluso, fueron recuperados»

Careció de un intérprete

«También, se violó el derecho a una defensa adecuada, ya que se omitió exponer argumentos de defensa; además, Martina «n» careció de un intérprete o traductor en su lengua originaria, y, no se consideraron elementos significativos como la situación de vulnerabilidad de ambos, la discriminación en el caso de Martina «n», por ser mujer, así como la situación de pobreza de Juan «n».

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El abogado litigante acotó que, con estas acciones, la administración de Delfina Gómez, así como de la Codehem, muestra su calidez contra las víctimas de atropellos a los derechos humanos de las personas más vulnerables. –sn–

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