Empresario Cercano a Políticos de Morena Recibe Millonarios Contratos en Tabasco

SN Redacción

Una investigación de LatinUS, en el espacio informativo del periodista Carlos Loret de Mola, se da cuenta que, un grupo de personajes cercanos al ex titular de la Secreatía de Gobernación (Segob) Adán Augusto López Hernández, se han beneficiado de contratos públicos de las arcas del gobierno de Tabasco.

Por lo menos siete empresas ubicadas en un edificio de Villahermosa han obtenido contratos por 410 millones de pesos del gobierno estatal y de cinco ayuntamientos de Tabasco, todos gobernados por Morena.

El edificio es propiedad de Proyectos, Obras y Suministros del Sureste, empresa del empresario tabasqueño Alejandro Márquez Rodríguez, vinculado al ex secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y al actual gobernador Carlos Manuel Merino.

Las empresas han recibido contratos para construcción, mantenimiento e insumos.

Contratos Millonarios

Empresas ubicadas en el edificio de Márquez Rodríguez han obtenido contratos millonarios del gobierno estatal y cinco ayuntamientos gobernados por Morena en Tabasco.

El empresario, cercano a Adán Augusto López Hernández, ex secretario de Gobernación y ex gobernador de Tabasco, ha sido beneficiado con contratos que abarcan obra pública, construcción, mantenimiento de infraestructura, artículos de oficina y despensas, entre otros conceptos.

Adán Augusto y Carlos Manuel

Tanto Adán Augusto López Hernández como el actual gobernador Carlos Manuel Merino han otorgado millonarios contratos a las empresas de Márquez Rodríguez.

A través de sus compañías, como Inmobiliaria Mexicana MROSS y Quibidú, ha recibido contratos por hasta 43 millones de pesos.

El empresario acompañó a López Hernández durante sus recorridos en búsqueda de la candidatura presidencial de Morena en 2023 y ha sido beneficiado con contratos de construcción, mantenimiento y venta de insumos.

DIF Estatal

Las empresas de Márquez Rodríguez han obtenido contratos para construcción de infraestructura, mantenimiento, venta de artículos de papelería y despensas por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal.

Los montos de los contratos suman 410 millones de pesos, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y la relación entre el ámbito empresarial y político en la región. –sn–