México en el EPU de la ONU: Más de 300 Recomendaciones y Cuestionamientos a la Militarización

SN Redacción

En una sesión crucial ante el consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, México se sometió al cuarto Examen Periódico Universal (EPU), enfrentando más de 300 recomendaciones por parte de los países miembros.

Entre las preocupaciones centrales resalta el tema de la militarización, señalando una nueva dinámica en este proceso de evaluación.

Preocupación por la Militarización

En un encuentro que contó con la participación de 116 países, las delegaciones manifestaron inquietudes sobre diversos aspectos de derechos humanos en México.

El Colectivo EPUmx 2024, compuesto por más de 300 organizaciones, reveló que la militarización fue un punto álgido.

Daniela Osorio, de México Unido contra la Delincuencia, detalló señalamientos específicos sobre la necesidad de que la seguridad pública sea civil y la retirada de las Fuerzas Armadas de ciertas actividades.

Inéditas Observaciones

Por primera vez en la historia de participación de México en el EPU, se recibieron señalamientos detallados. Inglaterra, entre otros, recomendó fiscalizar a las Fuerzas Armadas y desmilitarizar la Guardia Nacional.

Estas recomendaciones quedaron sin respuesta, según indicó Osorio, destacando la preocupación por la falta de mecanismos de control y rendición de cuentas en el accionar de cuerpos militares y militarizados.

Fuerzas Armadas

Joel Hernández, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, defendió la naturaleza civil de la Guardia Nacional.

Sin embargo, las observaciones de la comunidad internacional subrayan la ampliación de las actividades de las Fuerzas Armadas en áreas civiles durante esta administración, abarcando desde la construcción de infraestructura hasta la gestión de programas sociales y la política migratoria.

Participación Reducida

En comparación con el EPU de 2018, la comitiva que representó a México en 2024 fue más reducida. Zue Valenzuela, de la asociación Poder, destacó la ausencia de diputados, representantes del Poder Judicial y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señalando un cambio respecto a la representación en evaluaciones previas.

Las 300 recomendaciones emitidas este año representan un incremento significativo en comparación con las 264 recibidas en 2018. –sn–