El director del Indep, Alberto Becerra Mendoza, y su conexión con los «Juniors» del Presidente, le hace tener confianza para violar la ley y asignar contratos millonarios en contra de la hacienda y de manera corrupta.

En el intrincado escenario de la política mexicana, donde la corrupción y el nepotismo son males endémicos que socavan la confianza ciudadana, surge una vez más un ejemplo alarmante de abuso de poder. En esta ocasión, los protagonistas son los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyas acciones desafían la legalidad y la transparencia que se espera de las altas esferas del gobierno.

El foco de atención recae en la gestión del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), donde el actual director, Alberto Becerra Mendoza, y su conexión con los «Juniors» del Presidente, han generado controversia por la asignación irregular de contratos millonarios. En particular, el reciente caso de la contratación del servicio integral de limpieza en todas las instalaciones del Indep ha levantado serias preocupaciones sobre la observancia de la ley de adquisiciones.

Becerra Mendoza, en un acto que desafía toda normativa, asignó de manera directa el contrato a la empresa Fumigaciones Especializadas Stacer, S.A. de C.V., por un monto astronómico de más de 20 millones de pesos. Sin embargo, surge una pregunta inevitable: ¿Cómo una empresa no inscrita en el Contrato Marco pudo ser considerada como proveedora del servicio?

Las irregularidades no terminan ahí. El proceso de adjudicación parece haber sido un mero formalismo, ignorando las reglas y requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico. El Indep, en un acto que raya en la opacidad, declaró desierta una Invitación a cuando menos tres personas, a pesar de la participación de 15 empresas que ofrecieron precios considerablemente más bajos que el monto asignado a dedo por el amigo de los hijos del presidente López Obrador.

Resulta evidente que la transparencia y la legalidad han sido sacrificadas en el altar de los intereses particulares. El nepotismo y el favoritismo amenazan con minar la credibilidad de las instituciones y alimentar la desconfianza ciudadana en el sistema. La impunidad con la que se actúa en estos casos sólo sirve para perpetuar un ciclo vicioso de corrupción que debilita los cimientos mismos de nuestra democracia. Es hora de que la sociedad exija responsabilidad y rendición de cuentas a aquellos que abusan de su poder en beneficio propio.

Los hijos del Presidente no están por encima de la ley, y es imperativo que se investiguen a fondo estas prácticas cuestionables que socavan la integridad de nuestras instituciones. La justicia y la transparencia deben prevalecer, incluso cuando los poderosos intentan esquivarlas en su propio beneficio.

—o0o—

¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.