Armando Huitrón Rivas, director de Adquisiciones de la SICT, violó la Ley de Adquisiciones a favor de firmas del Cartel de la Limpieza.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) parecía haber escapado del tráfico de influencias, pero su racha llegó a su fin. En las bases del proceso de Invitación a cuando menos tres personas, a través del contrato marco No. IA-09-712-09000987-N-6-2023 para el servicio integral de limpieza, se incluyeron requisitos no contemplados en el contrato marco que favorecían a las empresas del Cartel de la Limpieza.

Se solicitaron certificados Conocer EC 0391.01 y EC 0572 en dependencias como la Secretaría de Bienestar y Pronósticos Deportivos, generando la participación de una sola empresa, Armot Seguridad Privada y Servicios Corporativos, S.A. de C.V.

Varios participantes cuestionaron estos requisitos en la Junta de Aclaraciones del 16 de febrero, pero el licenciado Armando Huitrón Rivas, director de Adquisiciones, ratificó que la SICT violaría lo establecido en la Fracción V del Artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, que prohíbe limitar la libre participación de las empresas. Ante este hecho, es probable que la próxima semana el Cartel de la Limpieza obtenga otra jugosa suma de dinero de la SICT.

Este episodio evidencia una vez más la vulnerabilidad de los procesos de contratación en el gobierno, donde el tráfico de influencias y la falta de transparencia pueden socavar la competencia y favorecer a ciertos grupos. La SICT, una de las dependencias que debería ser ejemplo de integridad, ha caído en prácticas cuestionables que no solo perjudican a otras empresas, sino también a la ciudadanía que espera un uso eficiente y honesto de los recursos públicos.

Es preocupante que, a pesar de las denuncias y cuestionamientos legales, las autoridades de la SICT persistan en su decisión de favorecer a una empresa en particular. Esto plantea interrogantes sobre la ética y la legalidad en la toma de decisiones dentro de esta dependencia. La falta de rendición de cuentas y la opacidad en los procesos de contratación solo contribuyen a la desconfianza ciudadana en las instituciones gubernamentales.

Es imperativo que las autoridades competentes investiguen a fondo este caso y tomen medidas para garantizar que los procesos de contratación en la SICT y otras dependencias se realicen de manera transparente y justa. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para fortalecer la confianza en las instituciones y asegurar que los recursos públicos se utilicen en beneficio de la sociedad y no en beneficio de unos pocos.

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