Presuntas prácticas de simulación y evasión en empresas ligadas a contratos públicos de diversas entidades públicas.
Por Gabriela Díaz | Reportera
El Sindicato de Empleados y Trabajadores en la Rama de la Limpieza, Vigilancia y Servicios Relacionados ha presentado una denuncia ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por presuntas prácticas de simulación y evasión emitidas por el denominado Cartel de la Limpieza.
La denuncia señala a un conglomerado empresarial, supuestamente controlado por José Juan Reyes Domínguez, por probables delitos de administración fraudulenta, cohecho y tráfico de influencias.
La denuncia alega que estas empresas encubren la evasión de responsabilidades en materia de cuotas al IMSS al reportar un número menor de empleados registrados ante la institución.
Evasión de pagos
Según la denuncia, empresas como Limpiacero, S. de R. L. de C. V. y Armot Seguridad Privada y Servicios, S. A. de C.V., entre otras, estarían subregistrando el número real de empleados ante el IMSS. Esto les permitiría evadir los pagos patronales correspondientes a las cuotas del seguro social.
Discrepancia en registros
A pesar de contar con miles de empleados que trabajan en diversas instituciones públicas, las empresas señaladas sólo han registrado a cientos de trabajadores ante el IMSS. Esta discrepancia entre el número real de empleados y los registrados ante la institución sugiere una posible evasión de cuotas y responsabilidades patronales.
Contratos públicos
Además, se ha señalado que estas empresas compiten entre sí en contratos públicos, ya sea a través de licitaciones públicas abiertas o de invitaciones restringidas a proveedores. Se ha evidenciado que estas empresas comparten domicilios virtuales bajo la misma subdelegación del IMSS, lo que podría indicar una relación cercana entre ellas para obtener contratos públicos.
La investigación sobre estas presuntas prácticas irregulares continúa, y se espera que se esclarezcan los hechos y se tomen las medidas necesarias para garantizar la transparencia y legalidad en los procesos de contratación pública. –sn–

