Llamado a la ética. Enfermedad y edad del inculpado.
Por Paola Ramírez | Reportera
La Comisión Liquidadora de la ex Ruta 100 hizo un llamado al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México. Basados en elementos probatorios, solicitaron que el juez de la causa actúe con apremio ético y sin corrupción.
Aplaudieron la coordinación entre la Fiscalía General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia locales. Esta colaboración permitió la captura de Ricardo Barco López, prófugo por casi tres décadas.
Detención y proceso
El titular del juzgado 35 en materia penal, en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, otorgó libertad condicionada electrónica a Barco López. Siendo persona de la tercera edad, acusado de Administración Fraudulenta, acumuló una «riqueza descomunal».
El artículo 55 del Código Penal Federal de México contempla prisión domiciliaria para mayores de 70 años o con enfermedad grave. Sus abogados, con apoyo familiar, solicitaron este beneficio para Barco López, quien fue detenido inesperadamente.
Evasión de la justicia
Barco López permaneció impune hasta que los juzgadores analizaron el caso. Durante 29 años, numerosos jueces se declararon incompetentes políticamente para ejercer la acción penal.
Finalmente, una nueva generación de jueces ordenó su pronta localización. Al ser detenido por la Policía de Investigación de la FGJ de la capital, Barco López alegó detención ilegal.
Defensa y derechos
Durante el proceso penal, su defensa alegó violación de derechos humanos. Sin embargo, la retención se realizó sin forcejeos, salvo al ser informado de las acusaciones penales.
La Comisión Liquidadora de ex Ruta 100 consideró la detención de Barco López un indicio de justicia para los 12 mil ex trabajadores defraudados. El caso que simbolizó impunidad durante 29 años, comenzó a desmoronarse.
Órdenes de presentación
El juzgado 35 de lo Penal se prepara para emitir más órdenes de presentación. Los casos de fraude maquinado y asociación delictuosa se encuentran en el Juzgado Primero Civil de la ciudad de México.
Querellantes indicaron que la influencia de Barco López llegó a su fin. Exigieron a la Fiscalía y al Poder Judicial mantener los procedimientos legales para evitar quejas de violación a derechos humanos.
De los 43 vinculados, más del 50 por ciento fallecieron por diversas causas. Flores demandó justicia para las víctimas de fraude administrativo, junto a su cómplice Gabino Camacho Barrera. –sn–
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