La recuperación del sector y las proyecciones positivas de crecimiento aumentan las posibilidades de intentos de blanqueo de capitales.

Por Deyanira Vázquez | Reportera

En un escenario económico donde la industria inmobiliaria muestra una franca recuperación, sigue vigente el reto de fortalecer las medidas para prevenir y combatir el lavado de dinero a través de los diferentes segmentos del sector. En México, el lavado de dinero podría superar los USD$50,000 millones al año, siendo la construcción, el desarrollo inmobiliario, la intermediación y la compraventa de bienes inmuebles algunas de las 16 actividades vulnerables al blanqueo de capitales.

«Existe una recuperación del sector inmobiliario a razón de nuevos proyectos en todo el país. Por eso es importante que los empresarios del ramo sigan cumpliendo en tiempo y forma con los lineamientos de la Ley Antilavado», dijo Octavio Máynez, director general de BeCloud, empresa desarrolladora de Prevenet, software en la nube especializado en el cumplimiento de la Ley Antilavado.

La firma de investigación Informes de Expertos prevé que el mercado inmobiliario tenga una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,8% entre 2024 y 2032, alcanzando los USD$52,26 mil millones, desde los USD$34,27 mil millones reflejados en 2023. Por su parte, Mordor Intelligence indica que en 2024 el valor del segmento residencial ronda los 14,51 mil millones de dólares, pero llegará a los 17,78 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,14% durante el quinquenio.

En este contexto, un estudio de 4S Real Estate advierte que mientras las propiedades residenciales del segmento económico presentarán en 2024 un aumento del 28% anual en comparación con 2023, los inmuebles premium plus casi duplicarían su valor, con un alza del 46% anual.

«Si bien la recuperación del sector es un signo positivo, también implica la necesidad de reforzar las medidas de prevención de lavado de dinero, pues los desarrollos residenciales de lujo, comerciales, industriales y de oficinas están entre los más vulnerables a ese delito», añadió Máynez.

Los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley Antilavado en el sector inmobiliario deben identificar a los clientes y usuarios; presentar avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por conducto del Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuando las operaciones realizadas superen los umbrales establecidos para la ley; y custodiar y resguardar la documentación relativa a la realización de las actividades y operaciones. –sn–