El acoso laboral en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) ha alcanzado niveles alarmantes que la próxima titular del Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, deberá resolver de manera inmediata…

Por José Víctor Rodríguez Nájera

El acoso laboral en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) ha alcanzado niveles alarmantes que la próxima titular del Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, deberá resolver de manera inmediata, a través de la próxima persona que elija para dirigir a la Secretaría de Educación Pública (SEP), de la que depende el politécnico.

Vamos por partes. Las autoridades educativas, en su conjunto, han permitido y perpetuado un ambiente de hostigamiento que afecta tanto a la institución como a los derechos humanos de los integrantes de la comunidad politécnica de todo el país, es decir, alumnos, docentes, investigadores, personal administrativo y prestadores de servicios. Este problema no solo perjudica la salud física y emocional de las víctimas, sino que también erosiona la calidad del sistema educativo nacional.

Cada director de escuela politécnica, junto con los jefes de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación (SEPI), tiene a su disposición un departamento jurídico, lo que fomenta una estructura vertical y una capacidad de acoso sin precedentes. En algunos casos, este acoso se transforma en violencia laboral, poniendo en riesgo la vida de los docentes afectados.

La existencia de un pacto de impunidad entre los funcionarios del Politécnico crea una red de complicidad que deja a los docentes sin protección efectiva. Aquellos que se oponen al hostigamiento son sometidos a represalias y bloqueos que afectan todas las áreas de su labor profesional.

Hostigamiento generalizado

El acoso –particularmente el laboral– en el IPN no se limita a una sola forma. Las autoridades, junto con algunos colegas, perpetúan un acoso vertical y horizontal que aísla a las víctimas. Ningún docente defiende a sus colegas señalados. Las autoridades, en cambio, benefician a los perpetradores asignándoles direcciones de tesis y otros recursos, lo que convierte a estos en cómplices del acoso.

Los casos más extremos muestran cómo las autoridades obstaculizan activamente el trabajo de los docentes. Las víctimas encuentran dificultades para obtener financiamiento para sus investigaciones, promover acuerdos con universidades extranjeras o proyectos externos al IPN. Esta violencia no solo daña a los docentes, sino también al propio instituto, reduciendo el número de patentes y publicaciones internacionales.

Caso ESIME Zacatenco

El acoso laboral en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Zacatenco se ha intensificado desde febrero de 2022, cuando Mauro Alberto Enciso Aguilar asumió la dirección. La estructura vertical del IPN permite a los directores concentrar todo el poder, lo que facilita el acoso y la represión de los docentes. Cualquier movimiento dentro de la escuela requiere la firma y autorización del director, quien cuenta con la protección casi total de los abogados de la institución.

El acoso en ESIME se camufla utilizando subalternos y funcionarios de bajo perfil para ejecutar las arbitrariedades, ocultando al verdadero responsable. Todas las decisiones importantes, desde proyectos de investigación hasta nombramientos y apoyos para presentaciones en el extranjero, deben ser aprobadas por el director, lo que permite un control absoluto y una capacidad de anulación total de los docentes.

Manipulación de becas

El acaparamiento de estudiantes con beca de manutención en el posgrado de Ingeniería Mecánica de la SEPI ESIME Zacatenco, otorgadas por el CONACyT, es un ejemplo flagrante de abuso de poder, según consta en documentos internos obtenidos por este reportero. Un grupo de docentes, en complicidad con la jefatura de SEPI, manipula los mecanismos de control y acaparamiento de becas, seleccionando a los “mejores” estudiantes a su antojo y violando la equidad en la asignación de estudiantes estipulada en los reglamentos del IPN.

Estas violaciones han llevado a CONACyT a sancionar quitando todas las becas de manutención a posgrados de Ingeniería Mecánica en junio de 2023. Las admisiones cayeron drásticamente, y aunque las autoridades intentaron maquillar y «arreglar» las violaciones, la situación sigue sin resistir una auditoría honesta.

Falta de protección

El Órgano Interno de Control (OIC) del IPN y la Secretaría de la Función Pública (SFP) tienen la misión de lograr justicia y atajar la corrupción, pero su actuación es insuficiente en casos de acoso grave. Se espera que emitan resoluciones ejemplares, pero hasta ahora no han cumplido con su verdadera misión.

Por otra parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Sección 60, debería proteger a los docentes, pero ha habido casos en los que el anterior secretario intercambió beneficios por «congelar casos de acoso». El actual secretario, Carlos Gómez Rodríguez, aún no ha cumplido sus promesas de proteger a los docentes.

Impunidad persistente

La impunidad ha imperado durante años, motivando a las autoridades a continuar imponiéndose y aplastando a todo aquel que se oponga. Las instancias responsables no parecen cumplir su misión de detener los abusos por violencia laboral. El Decreto Promulgatorio del Convenio 190 de la OIT, que ordenó la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, debe ser observado y aplicado en todo el territorio nacional para proteger verdaderamente a las víctimas.

La violencia laboral en el IPN es un problema urgente que requiere una intervención inmediata y contundente. Las autoridades deben ser responsabilizadas por sus acciones y las víctimas deben recibir la protección y el apoyo que merecen. Por este motivo, es necesario que las instancias de control y justicia cumplan con su deber para garantizar un ambiente laboral libre de violencia y acoso.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior:  Un llamado a la acción

Publicada de manera original en el diario ContraRéplica

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