Le urge al país una verdadera política de seguridad, a cargo de servidores públicos preparados, honestos y eficaces

Por Jorge Santa Cruz                                   

La impuesta presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, se mantiene firme en la decisión de que la Guardia Nacional (GN) quede adscrita definitivamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Durante un evento que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador el domingo 23 de junio, en el cuartel de la GN en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, Sheinbaum Pardo dijo lo siguiente:

«La Guardia Nacional, en tan sólo cinco años ya tiene el reconocimiento del pueblo de México. Nos corresponde a partir del 1 de octubre, seguir fortaleciendo y consolidar a la Guardia Nacional, como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional con la reforma constitucional que está en el Congreso de la Unión».

El presidente Andrés Manuel López Obrador (cuyo mandato terminará el 30 de septiembre venidero) celebró la decisión de la futura mandataria con estas palabras:

«Si a la Guardia Nacional se [le] deja en Gobernación o en la Secretaría de Seguridad Pública se va a echar a perder. Si depende de una secretaría como la Defensa Nacional ─que tiene una tradición de formación a sus elementos, tiene colegios, hay doctrina, profesionalismo, disciplina─ hay garantía de que no se corrompa la Guardia Nacional».

La GN fue reactivada a petición de López Obrador el 30 de junio de 2019 y se sumó a las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia organizada, pero, ni así, se redujo la inseguridad en el país.

Un dato es suficiente para demostrarlo: entre el 1 de diciembre de 2018 y el 28 de junio de 2024, o sea, en lo que va del mandato de López Obrador, se han cometido 191 mil 32 homicidios dolosos. (En el de Enrique Peña Nieto fueron, en total, 156 mil 66; en el de Felipe Calderón Hinojosa, 120 mil 463; en el de Vicente Fox Quesada, 60 mil 280; en el de Ernesto Zedillo Ponce de León, 80 mil 671, y en el de Carlos Salinas de Gortari, 76 mil 767).

Es válido inferir que la Guardia Nacional no ha sido factor determinante en el combate a las organizaciones criminales porque el Estado mexicano carece de una verdadera política de seguridad. Dicho de otra manera: López Obrador se lo ha impedido (como también lo ha hecho con el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina).

Si Sheinbaum Pardo persiste en ese error (¿o deberíamos decir complicidad?), la crisis de inseguridad empeorará, aunque la próxima legislatura dominada por Morena apruebe la incorporación de la Guardia Nacional a la Defensa Nacional. El solo discurso y las maniobras legislativas serán inútiles, como lo han sido hasta la fecha.

En nuestro país se suele decir que alguien hace caravana con sombrero ajeno cuando presume como propios los méritos ajenos.

Uso político de la Guardia Nacional

El general de división Diplomado de Estado Mayor retirado, Roberto Badillo Martínez (colaborador de Periodismo Sin Compromisos), propuso el 9 de febrero de 2009 ─en su calidad de diputado federal del PRI─ una iniciativa de ley con proyecto de decreto para reformar los artículos 73, 76, 78 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de reactivar a la GN.

La iniciativa proponía que la experiencia adquirida por nuestras Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia organizada fuera aprovechada por la GN.

El general Badillo planteaba que la Secretaría de la Defensa Nacional fuera la responsable de activar, reclutar, organizar, adiestrar y operar a la Guardia Nacional, la cual quedaría bajo su mando. Correspondería a la Sedena, además, expedir el reglamento regulatorio de las operaciones de la GN.

La propuesta fue rechazada por la LX legislatura del Congreso de la Unión.

Hoy, López Obrador y Sheinbaum Pardo son partidarios de que la Guardia Nacional forme parte de la Sedena; hace 15 años, cuando eran oposición, no movieron ni siquiera un dedo para que fuera así.

El «mea culpa» de AMLO

Líneas arriba expuse que el Estado mexicano carece de una verdadera política de seguridad.

El hecho de que el presidente de la República advierta que la GN se echará a perder si se le deja a la Secretaría de Gobernación o a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es un reconocimiento tácito de su parte en el sentido de que existe una grave corrupción en ambas secretarías. El tema es que Gobernación se encarga que conducir la política interna del gobierno federal y la otra, de ─supuestamente─ proteger a la población.

AMLO reconoce también que está consciente de la gravedad del problema y de que no ha podido ─o no ha querido─ acabar con él. (¿Podrá el presidente garantizarnos que las otras secretarías y dependencias de su gabinete legal y ampliado están libres de corrupción?).

Se requiere de una verdadera voluntad política

El abogado penalista y maestro en Justicia Federal, Víctor Manuel Ornelas Carsolio (también colaborador de Periodismo Sin Compromisos), explica que la seguridad pública es un derecho constitucional:

«El artículo 21 de la Constitución señala en su párrafo noveno que “la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social” y que esta “comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley”».

El problema es que la Constitución y todo el entramado legal pueden decir una cosa y las autoridades de los tres niveles de gobierno puedan hacer otra porque no hay manera de obligarlas a cumplir con su deber. Todo se circunscribe a que quieran cumplir con su deber.

Ornelas Carsolio señala abiertamente que faltan voluntad y ética políticas. Leamos:

«De tal suerte que ese derecho fundamental al que todos los ciudadanos deberíamos poder accesar, se convierte en un sueño de imposible realización, mientras no haya voluntad política que priorice la seguridad pública antes que cualquier otra acción de gobierno.

»Sin embargo, paradójica e increíblemente, la seguridad pública no representa votos para los políticos, por lo que ante la falta de ética política seguiremos teniendo a la seguridad pública como un mero enunciado de un derecho que no se cumple y que a ningún político le importa cumplir».

Ahí está el detalle: la seguridad pública no deja votos, y agregaré a lo expuesto por el maestro Ornelas Carsolio: sí deja multimillonarios financiamientos de los grupos criminales. La periodista Anabel Hernández lo ha documentado muy bien en sus libros. (El más reciente es La historia secreta. AMLO y el Cártel de Sinaloa.

Falta una verdadera política de seguridad

Es ingenuo pensar que la integración definitiva de la GN a la Sedena resolverá la crisis de inseguridad. Cualquier persona que desempeñe o aspire a desempeñar el cargo de Presidente de la República debería de ser experta en esta materia. Y, además, debería ser honesta.

Ideal sería que tuviera, cuando menos, una maestría en Liderazgo y estudios en Estrategia y Seguridad Nacional.

Con esa preparación, podría entender por qué es muy complicado ─por ejemplo─ poner unas esposas cuando se trae un arma larga, el casco y un vehículo de combate.

Los delincuentes lo saben y sacan ventaja de eso. Y más, si el elemento federal (militar o guardia nacional) no fue entrenado para defender su arma a mano limpia.

De lo anterior se desprenden varias circunstancias:

Las tareas de las fuerzas policiacas son diferentes a las de las fuerzas armadas.
Se requiere que la política de seguridad pública y seguridad interior establezcan perfectamente las funciones de unas y otras.

Y que se dote a todas de los elementos legales, humanos, materiales y de doctrina para que puedan cumplir cabalmente con su deber.

El problema es que se dejó que la estructura policiaca municipal, estatal y federal se corrompiera desde tiempos de Luis Echeverría (1970-1976) y se procedió a reactivar a la Guardia Nacional con personal heterogéneo proveniente del Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y las antiguas corporaciones federales.

Esa heterogeneidad la ha limitado, aunque, como expuse líneas arriba, su principal obstáculo ha sido, es y será ─por lo menos hasta el 30 de septiembre de este año─ el presidente Andrés Manuel López Obrador, por sus presuntas relaciones con el Cártel de Sinaloa.

López Obrador, Sheinbaum Pardo y quienes orbitan en torno a ellos (señaladamente Rosa Icela Rodríguez, Omar García Harfuch, Mario Delgado, Ernestina Godoy y Alfonso Durazo Montaño) tienen, por ahora, todo el poder dentro del país, pero es finito. Demos solo dos ejemplos: Manuel Antonio Noriega, en Panamá, y Juan Orlando Hernández Alvarado, en Honduras, también lo fueron y terminaron en cárceles de Estados Unidos.

Es triste decir lo anterior, pues evidencia una debilidad interna casi absoluta, que espero sea transitoria y breve; pero al menos deberían de hacer a un lado su soberbia para reflexionar que existen factores externos que ellos no controlan.

En fin…

* Periodista y académico universitario | @JorgeSantaCruz1

Columna anterior: El Grupo Atlacomulco y la traición del PRI

(El presente artículo se publicó de manera original en Sin Compromisos).

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