Hoy quiero compartirles dos breves anécdotas que vivieron y me compartieron algunos vecinos de Pachuca; la primera de un martes de junio por la tarde-noche del presente año, en Palacio de Gobierno de Hidalgo.

Por Guadalupe Orona Urías*                                             

Hoy quiero compartirles dos breves anécdotas que vivieron y me compartieron algunos vecinos de Pachuca; la primera de un martes de junio por la tarde-noche del presente año, en Palacio de Gobierno, donde fueron “invitados” a una reunión “informativa” presidida por el coordinador Jurídico del estado de Hidalgo, Raúl Serret Lara, quien, en primera instancia les dijo a los ahí reunidos, que él los atendía sin necesidad de manifestaciones ni de gritos (recuerde usted paciente lector que renglones atrás se dijo que fueron “invitados”, es decir, algunos mensajeros fueron a tocar a las respectivas puertas de sus casas para que acudieran a dicha reunión). El propósito, supuestamente, era informar de los trámites que realiza el gobierno estatal para la regularización de cuatro colonias en la zona norponiente, pero, por lo expresado por el coordinador y otros funcionarios allí presentes, es claro que su objetivo principal es dividir a los vecinos de dichas colonias organizadas en el Movimiento Antorchista, e intimidar y amenazar con cárcel a los dirigentes de tan importante organización, entre los cuales me incluyo.

Algunos de sus aviesos comentarios ahí vertidos fueron: “las leyes dicen que fraccionar `sin permiso´ es un delito y por lo tanto deben denunciar”. Al respecto es válida la pregunta ¿quién les informó a los susodichos funcionarios que los fraccionamientos populares que el Movimiento Antorchista ha logrado sacar adelante para resolver el problema de vivienda de miles de familias no fueron autorizados? Además, sin inmutarse en lo más mínimo los señores afirmaron que: “ustedes tienen 30 años viviendo ahí y no les regularizan porque así los siguen manipulando, cobrando cuotas y obligándolos a ir a manifestaciones, pues si regularizan se les acaba el negocio a los supuestos líderes; yo les voy a regularizar y por eso me odian, porque yo les voy a regularizar sin cobrarles un peso”. El señor coordinador jurídico, quien dijo estaba ahí por instrucciones del secretario de gobierno, Lic. Guillermo Olivares Reyna, debería informarse mejor antes de afirmar o acusar: ninguna de las colonias ahí mencionadas (Unión Antorchista y Luz del Carmen Ocón) tiene 30 años de formadas. Pero lo que sí es cierto es que, desde su fundación, hemos solicitado y reclamado la regularización al gobierno del estado, incluida a la administración morenista de Omar Fayad.

Quizás el señor se considere como el león, que cree que todos son de su condición, y que toda obra social o manifestación pública es para obtener recursos de manera ilícita, como ha sido señalado el propio presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, y nos lo recuerda el periodista Ricardo Alemán en su columna del pasado 19 de julio: “En el Itinerario Político del 29 de octubre de 2008, titulado: “¿Y los 9 mil millones, Andrés?”, recordé que durante la Comisión Permanente del 11 de febrero de 2004, a pregunta del senador Rodríguez Prats, el diputado Manuel Camacho aceptó que en 1992 Obrador extorsionó a Carlos Salinas con 9 mil millones de pesos, en efectivo, para levantar un plantón del Zócalo”. E igualmente, nos recuerda que: “En noviembre de 2019, el diario Reforma entrevistó a Álvaro López Ríos, dirigente de la UNTA, quien confirmó que en 1993 fue testigo de que Manuel Camacho –avalado por Carlos Salinas–, entregó a Obrador 150 mil millones de pesos, a cambio de levantar otro plantón en el Zócalo” (www.debate.com.mx).

Además, quizás porque así se acostumbra en el partido que milita, no concibe la organización social voluntaria y menos que se ejerza para exigir atención y solución a los problemas de la población; para él, como para prácticamente todos los gobernantes de nuestro país, la organización social del pueblo es veneno puro, por eso, como en las administraciones pasadas, nuevamente aplican el “divide y vencerás”. El señor se arroga el papel de una institución y dice que “él va a regularizar” y que por eso “lo odian”. Al susodicho aún no tengo el disgusto de conocerlo personalmente y los antorchistas no acostumbramos gastar nuestras energías en odios, a más de que dicen por ahí que “no se odia más que al igual o superior”.

Pero la anécdota no termina aquí, en la “charla” el señor abogado (quien les repitió hasta el cansancio que él era su abogado), les “informó”: vamos a seguir “invitando” a todos los vecinos y ustedes ayúdennos. A ustedes les pusieron calles de concreto que ni San Javier las tiene, les pidieron dinero para esas obras que el gobierno pagó; estamos haciendo la gestión para que “ustedes no paguen un peso”; estamos viendo que la presidencia municipal de Pachuca condone el pago del predial de todo el polígono, pero la presidencia de Pachuca nos lo tiene retenido”. “No tengo la cara para pedirles dinero, después que durante 30 años les han estado sacando dinero”. Considero que al señor abogado del Jurídico del estado ahora le corresponde probar todas estas acusaciones, de lo contrario, enfrentar la justicia por sus calumnias y difamación en contra de la única verdadera organización humanista que organiza y defiende a los desamparados de nuestra patria.

La segunda anécdota, más corta, pero igual de grave, a cargo del propio secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, quien en una reunión a puerta cerrada con algunos vecinos de la zona norponiente, convocados casi en secreto, les informó que “tenía instrucciones del gobernador de convocarlos para informales de su disposición para atender el tema de la regularización de sus colonias, que el señor gobernador está comprometido con ellos para resolverles y entregarles la escritura del predio que actualmente habitan”.

Asimismo les instó a retirarse de la agrupación de Antorcha Campesina y de sus líderes, quienes, dijo, tienen ya procedimientos penales por haberles otorgado o “vendido” dichos predios. El secretario Olivares pretende confundir a Antorcha con una inmobiliaria y pretende desconocer que lo que hace Antorcha y sus líderes es organizar a los sin casa y juntos conseguir y pagar una parcela para que se convierta un cachito de ésta en su hogar; es contribuir a resolver el problema de la falta de vivienda de miles de familias, que de hecho los gobiernos se niegan a hacerlo, aunque es su obligación. Lo dicho por el secretario Olivares deja en claro que lo que más les importa es conseguir que los hidalguenses, y en particular los pachuqueños, abandonen su organización y así no tener nadie que reclame sus derechos, ni se manifieste, ni “les vaya a gritar” ante sus incumplimientos y amenazas.

Ante lo aquí narrado, cabe una legítima duda ¿el señor gobernador está enterado de lo que dicen y de las amenazas de sus funcionarios? ¿Son las instrucciones del licenciado Julio Menchaca? Lo desconozco, pero me da la impresión que “alguien” está abusando del poder que le confirió el señor gobernador y que no le informa de la verdadera situación que se está viviendo en el estado, en varios ámbitos; que lo tienen aislado de la situación y que sus viajes solo por vía aérea le impiden conocer bien la naturaleza de los problemas y de los que se están engendrando ante una política soberbia e insensible de sus funcionarios. Al tiempo.

​Me disculpo por las malas anécdotas, espero que en la próxima pueda compartirles unas mejores y más agradables.

Columna anterior: ¿Más impuestos?

*Dirigente del Movimiento Antorchista en Hidalgo

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