Sentencia histórica

Por Martín García | Reportero

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de nueve años de prisión en contra de un servidor público que atacó sexualmente a una persona, quien también laboraba en la misma institución. El caso representa un precedente importante en la lucha contra la violencia de género en México.

A través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (Fevimtra), se logró la sentencia por los delitos de abuso sexual agravado y hostigamiento sexual. La condena resalta el compromiso de las autoridades por erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral.

Investigación y proceso

Las autoridades precisaron que en diciembre de 2018 se inició la carpeta de investigación y se llevó a cabo el proceso en sus diversas secuelas por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas. Durante el proceso, se acreditó la responsabilidad de Diego “G” en los delitos de abuso sexual agravado y hostigamiento sexual cometido en el ejercicio de su encargo como servidor público de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

El Tribunal de Enjuiciamiento adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Oriente dictó sentencia condenatoria de nueve años de prisión. Además, se le impuso la destitución de su empleo por cinco años, la suspensión de derechos políticos y civiles, así como una amonestación pública.

Reparación del daño

En cuanto al monto de la reparación del daño, se determinará en la etapa de ejecución de sanciones. Este aspecto subraya la importancia de brindar justicia integral a las víctimas, asegurando no solo la sanción penal, sino también la reparación de los daños causados.

El caso de Diego “G” ha generado un amplio debate sobre la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y atención de la violencia de género en las instituciones públicas. Diversos colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos han expresado su apoyo a la víctima y han solicitado medidas más estrictas para evitar que casos similares se repitan.

Reacciones de la sociedad

La condena fue recibida con satisfacción por diversas organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la violencia de género. María Pérez, representante del colectivo «Mujeres Unidas contra la Violencia», afirmó que esta sentencia envía un mensaje claro de que la impunidad no será tolerada.

«Es fundamental que se sigan tomando acciones contundentes contra los agresores. Esta sentencia es un paso importante, pero aún queda mucho por hacer para garantizar un entorno seguro para todas las mujeres», subrayó Pérez.