Las autoridades y proveedores de salud mexiquenses no garantizan el acceso al aborto, incluso en los casos comprendidos bajo las causales establecidas en la legislación local

Por Gabriela Díaz | Reportera

Las autoridades y proveedores de salud mexiquenses no han garantizado el acceso al aborto, ni siquiera en los casos permitidos por la legislación estatal. Así lo documentó Human Rights Watch en un informe presentado este jueves, que expone las barreras que enfrentan las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes en el estado.

El estado de México, entidad gobernanda por Delfina Gómez, a pesar de los avances nacionales en materia de derechos reproductivos, continúa criminalizando el aborto, con excepciones limitadas. Estas incluyen casos de acción culposa, violación, riesgo para la vida de la mujer embarazada y alteraciones congénitas o genéticas del feto. Sin embargo, el informe de 49 páginas titulado “Navegando obstáculos: Acceso al Aborto en el estado de México” concluyó que estas leyes no garantizan el acceso a este servicio de salud esencial.

Human Rights Watch identificó que los proveedores de atención de salud en el Estado de México han negado o postergado servicios de aborto, lo que contradice las leyes vigentes. En algunos casos, los proveedores no transmitieron la información necesaria, cuestionaron la veracidad de las declaraciones de las sobrevivientes de violencia sexual y maltrataron a las mujeres que buscaban estos servicios. Estos comportamientos constituyen violaciones a los derechos humanos.

A la ciudad de México

La falta de acceso en el estado de México ha empujado a muchas personas a viajar a la ciudad de México, donde el aborto es legal hasta las doce semanas de gestación. Esto evidencia las disparidades en la protección de los derechos reproductivos en diferentes estados del país. En un contexto de alta violencia de género, incluidas las tasas alarmantes de feminicidios y violencia sexual en la entidad, las restricciones al acceso al aborto agravan la discriminación contra las mujeres y niñas.

Human Rights Watch entrevistó a 66 personas, incluidas profesionales de la salud, funcionarias gubernamentales y representantes de la sociedad civil. El informe concluyó que los prejuicios y estereotipos de género perpetúan las barreras para acceder al aborto legal en el estado de México. Cristina Quijano Carrasco, investigadora de derechos de la mujer de Human Rights Watch, advirtió sobre el maltrato a las usuarias, incluidas críticas y comentarios estigmatizantes.

El informe también reveló que algunos hospitales y proveedores de salud han impuesto requisitos arbitrarios, como exigir que las sobrevivientes de violencia sexual denuncien sus casos antes de acceder a servicios de aborto, pese a que la legislación estatal no lo requiere. Estas restricciones ilegales aumentan las barreras para el acceso a servicios de aborto seguro y legal.

Temor a la criminalización

El temor a enfrentar cargos penales ha disuadido tanto al personal de salud como a las personas que buscan abortar de acceder a los servicios necesarios. Este miedo se ha convertido en un obstáculo adicional, provocando que las mujeres eviten buscar ayuda médica incluso en situaciones de emergencia, señaló el informe.

La escasez de personal y la objeción de conciencia también han sido factores clave que retrasan el acceso al aborto. Human Rights Watch documentó casos en los que el personal médico se negó a brindar información sobre el aborto debido a sus creencias personales, lo que contradice las normas internacionales de derechos humanos.

Las adolescentes en el estado de México enfrentan obstáculos adicionales al buscar servicios de aborto. Aunque la NOM 046 no exige autorización parental para adolescentes mayores de 12 años, algunos proveedores han impuesto de manera arbitraria la necesidad de contar con la participación de un padre, madre o tutor hasta los 18 años, violando así los derechos de las menores.

Personas con discapacidad

Las personas con discapacidad en el estado de México también han enfrentado barreras significativas debido a la figura de la interdicción, que permite que una tercera persona tome decisiones en su nombre, incluso sobre su salud reproductiva. A pesar de la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en 2023, que reconoce la plena capacidad jurídica de todas las personas mayores de 18 años, el estado no ha reformado su Código Civil.

Quijano Carrasco subrayó que despenalizar completamente el aborto es un paso fundamental para lograr la equidad de género en el estado de México. La criminalización del aborto sigue siendo una barrera crítica para el acceso a la salud y los derechos reproductivos, lo que perpetúa la desigualdad y la discriminación en la entidad.

El informe concluyó con un llamado a las autoridades estatales y federales para que tomen medidas urgentes para garantizar el acceso al aborto en el Estado de México. Human Rights Watch exigió la eliminación de las barreras legales y sociales que impiden a las mujeres y personas gestantes acceder a este derecho esencial. –sn–