Renuncia fiscal de Sinaloa por irregularidades en caso Cuén

El gobernador Rubén Rocha Moya reconoce la decisión de Sara Bruna Quiñonez

SN Redacción

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó la renuncia de la fiscal estatal, Sara Bruna Quiñonez, quien dejó su cargo este viernes. La renuncia se dio en un contexto de señalamientos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre irregularidades en la investigación del asesinato de Héctor Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

A través de su cuenta en la red social X, Rubén Rocha Moya expresó su reconocimiento a la decisión de Sara Bruna Quiñonez de renunciar voluntariamente ante el Congreso de Sinaloa. El mandatario estatal subrayó que la fiscal actuó con responsabilidad y honorabilidad, valores que siempre la han caracterizado.

El caso del asesinato de Héctor Cuén adquirió mayor relevancia cuando la FGR atrajo la investigación y reveló inconsistencias significativas en la indagatoria llevada a cabo por la Fiscalía de Sinaloa. Estas irregularidades fueron el detonante para la renuncia de Quiñonez, quien ocupaba el cargo de fiscal estatal.

Hallazgos preocupantes

La FGR, a través de sus redes sociales, informó sobre los hallazgos en la carpeta de investigación. Uno de los puntos críticos señalados fue la falta de precisión en la identificación de los ocupantes de la camioneta involucrada en el homicidio. Además, la dependencia reportó que no se procesó criminalísticamente el lugar de los hechos, ni el vehículo utilizado.

Según la FGR, el cuerpo de Héctor Cuén presentaba un fuerte hematoma en la cabeza y cuatro disparos en las piernas. Sin embargo, en el video de una gasolinera cercana, sólo se escuchó un disparo, lo que generó dudas sobre la consistencia de los testimonios y la recolección de evidencia.

Otra irregularidad destacada fue la ausencia de peritajes sobre las manchas de sangre encontradas en la batea de la camioneta. La FGR también criticó que no se cumplieron las medidas adecuadas para la preservación del cuerpo, lo que permitió su incineración, contraviniendo las prácticas criminalísticas recomendadas en casos de homicidio.

Impacto de la renuncia

La renuncia de Sara Bruna Quiñonez deja al gobierno de Rubén Rocha Moya en una situación complicada, ya que la gestión de la fiscalía estatal enfrenta cuestionamientos graves. El mandatario ha reiterado su confianza en que se atenderán las observaciones formuladas por la FGR para avanzar en la investigación del caso Cuén.

Con la FGR al frente de la investigación, se espera que se profundice en los detalles omitidos por la Fiscalía de Sinaloa. El objetivo es esclarecer los hechos que rodearon el homicidio de Héctor Cuén y garantizar que se haga justicia de manera imparcial y exhaustiva.

La sociedad sinaloense ha reaccionado con preocupación ante las revelaciones sobre las irregularidades en la investigación. La falta de transparencia y la posible negligencia en la gestión del caso han generado una ola de críticas hacia la Fiscalía estatal y su ex titular, Sara Bruna Quiñonez.

Sociedad sinaloense

El sucesor de Quiñonez enfrentará un desafío monumental al asumir la titularidad de la Fiscalía de Sinaloa. La expectativa es que el nuevo fiscal aborde con rigor las fallas señaladas por la FGR y colabore de manera estrecha con la dependencia federal para resolver el caso Cuén.

El asesinato de Héctor Cuén y las irregularidades en su investigación se han convertido en un caso emblemático para la justicia en Sinaloa. La atención mediática y social se centrará en el desarrollo de esta investigación y en las acciones que tomen las autoridades para corregir los errores cometidos.

El gobierno de Rubén Rocha Moya ha manifestado su compromiso de colaborar con la FGR para asegurar que la investigación se lleve a cabo con total transparencia. El mandatario ha reiterado que no se escatimarán esfuerzos para esclarecer el asesinato del exrector.

Las irregularidades en la investigación podrían tener consecuencias legales y políticas de gran envergadura. La Fiscalía General de la República evaluará si existen responsabilidades penales por parte de los funcionarios involucrados en la manipulación de la escena del crimen y la recolección de evidencia. –sn–