Peligro para la independencia judicial y los derechos humanos en el país

Por Gabriela Díaz | Reportera

El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) «Lex-magister» advirtió a los legisladores federales sobre un retroceso inminente a la democracia en México si se aprueban las reformas constitucionales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente la reforma al poder judicial.

El presidente del GIDH, el doctor en derecho Jesús Rey Fierro Hernández, advirtió que estas modificaciones al marco legal “socavarán gravemente la independencia judicial, la privacidad y la rendición de cuentas del gobierno federal y de las entidades del país”.

El GIDH señaló que estas propuestas, “contenidas en cuatro iniciativas, se discutirán en el Congreso a partir de este 1 de septiembre. Las reformas incluyen la ampliación de la prisión preventiva automática y la sustitución del actual proceso de nombramientos judiciales por elecciones populares”.

Restricciones constitucionales

Además, las propuestas eliminarían las restricciones constitucionales que impiden a los militares realizar funciones civiles. También desaparecería el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), organismo independiente encargado de garantizar la privacidad y la transparencia gubernamental en el país.

Fierro Hernández, reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, resaltó que estas reformas “otorgarán un poder sin precedentes a los militares y debilitaría los controles necesarios para proteger los derechos humanos en México, por lo que instó a los legisladores federales a fortalecer las protecciones en lugar de debilitarlas.

El Defensor del Pueblo recordó que las reformas forman parte de una serie de 18 propuestas de cambios constitucionales enviadas al Congreso en febrero pasado por el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, la próxima titular del poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, respaldó muchas de estas propuestas, instando a los legisladores a aprobarlas antes de que ella asuma el cargo el próximo 1 de octubre.

Controles establecidos

“Una de las iniciativas más controvertidas cambiaría la forma en que se elige y supervisa a los jueces federales. En lugar de ser seleccionados de manera interna y con controles ya establecidos, los jueces serían elegidos por concurso, lo que eliminaría la permanencia judicial actual y pondría en riesgo la independencia del poder judicial”, expuso.

El abogado litigante Jesús Rey explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también sería afectada por las reformas. “La iniciativa propone reducir su tamaño, acortar los mandatos de sus miembros y someter a los actuales jueces a elecciones especiales en 2025. Además, se permitiría a los jueces conocer casos de presunta delincuencia organizada de forma anónima”.

En este sentido, el presidente del GIDH señaló que “estas reformas contravienen estándares internacionales de derechos humanos, que exigen la independencia judicial para garantizar juicios justos. La eliminación de la permanencia en el cargo para los jueces podría llevar a decisiones influenciadas por intereses políticos, en lugar de basarse en la ley”.

Complacer a votantes o patrocinadores

“En julio, la relatoría especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados expresó su preocupación al presidente López Obrador sobre los riesgos de estas reformas. Según la relatora, los cambios podrían incrementar el riesgo de que los jueces busquen complacer a los votantes o patrocinadores en lugar de actuar con imparcialidad”, recordó.

Fierro Hernández advirtió que el Comité de Derechos Humanos de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos también manifestaron su preocupación, “señalaron que los juicios con «jueces sin rostro», propuestos en estas reformas, violarían el derecho a un juicio justo, ya que los imputados no podrían conocer la identidad del juez que supervisa su caso”.

El presidente del GIDH abundó en otra propuesta alarmante, la eliminación del INAI, que actualmente actúa como garante de la transparencia y protección de datos en México. Este organismo independiente tiene la facultad de exigir al gobierno el cumplimiento de las solicitudes de información y de sancionar por incumplimiento.

Socavar derechos

Sin el INAI, cada rama del gobierno sería responsable de autorregularse en materia de acceso a la información. El titular del GIDH advirtió que “esto socavaría los derechos de los mexicanos a la privacidad y al acceso a la información pública, dejando a la ciudadanía sin un mecanismo eficaz de supervisión”.

Por estos motivos, el GIDH pidió a los legisladores rechazar estas reformas, subrayando la importancia de proteger la independencia judicial y los derechos humanos. La organización reiteró que el fortalecimiento de estas protecciones es esencial para evitar un retroceso en los avances democráticos de México.

“El debate sobre estas reformas definirá el futuro de la justicia en México. La posibilidad de elecciones para jueces y la eliminación de órganos independientes representan un cambio profundo en el sistema judicial y de derechos humanos del país”, remató Fierro Hernández. –sn–