Aborto en el estado de México tiene limitaciones legales: GIDH

Por Gabriela Díaz | Reportera

La entidad federativa que gobierna Delfina Gómez, el más poblado del país, enfrenta una encrucijada en torno a los derechos reproductivos, así lo afirmó el Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) «Lex-magister».

El presidente del GIDH, Jesús Rey Fierro Hernández, explicó que, a pesar del avance a nivel nacional, la entidad mexiquense continúa criminalizando el aborto con limitadas excepciones, “este marco legal mantiene en la incertidumbre a mujeres y niñas que buscan ejercer su derecho a decidir”.

“La legislación del estado de México permite la interrupción del embarazo sólo en casos específicos: cuando resulta de una violación, si existe riesgo para la vida de la gestante o por malformaciones del feto. Sin embargo, el acceso a este derecho enfrenta obstáculos significativos en la práctica”, explicó.

Causales legales

Fierro Hernández, reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, advirtió que, a pesar de las causales legales, las mujeres enfrentan trabas para acceder a los servicios. “Estos problemas son exacerbados por los prejuicios sociales y el estigma que rodea el aborto, lo que perpetúa la discriminación”.

En cambio, resaltó el defensor del pueblo, La ciudad de México, vecina del estado de México, “contrasta con su política progresista que permite el aborto hasta la doceava semana sin restricciones. Este contraste evidencia las profundas disparidades en la protección de los derechos reproductivos entre las entidades mexicanas”.

El doctor en derecho Jesús Rey, explicó que, en la entidad mexiquense, “los servicios de aborto legal se ven limitados por la falta de infraestructura adecuada. Los hospitales enfrentan escasez de personal capacitado, y las barreras burocráticas, como la exigencia de autorizaciones parentales no contempladas por la ley, agravan la situación”.

Represalias legales

“El temor a represalias legales por parte del personal médico ha sido otro factor determinante. Profesionales de la salud han optado por negar o retrasar servicios de aborto a fin de evitar implicaciones jurídicas. Esto ha llevado a muchas mujeres a buscar ayuda en la clandestinidad o viajar a la ciudad de México”, sostuvo.

El abogado litigante indicó que el contexto de violencia de género en la entidad mexiquense añade otra capa de complejidad. “Los altos índices de feminicidios y agresiones sexuales en la región refuerzan la necesidad de proteger los derechos reproductivos de las mujeres. No obstante, las restricciones legales sobre el aborto continúan perpetuando esta vulnerabilidad”.

Fierro Hernández explicó que, a pesar de que la ley permite el aborto en casos de violación, “muchas mujeres enfrentan dificultades para acceder a él. Los proveedores de salud imponen requisitos ilegales, como la denuncia obligatoria ante las autoridades, lo que desalienta a las víctimas a buscar ayuda”.

Falacias estructurales

De esta forma, agregó el defensor de los derechos humanos, el sistema de salud estatal enfrenta falacias estructurales que limitan su capacidad de respuesta. “Las mujeres que logran acceder a los servicios enfrentan largas esperas y procedimientos invasivos, como parte de una cultura de penalización y desincentivo.

“Más allá de las barreras legales y de infraestructura, el estigma social continúa siendo uno de los principales desafíos. Las mujeres que buscan un aborto enfrentan juicios morales y discriminación, tanto de la comunidad como de los propios proveedores de salud.

Por último, el doctor en derecho, Jesús Rey, enfatizó que en los próximos meses, los integrantes de la legislatura mexiquense debatirá una propuesta para la despenalización del aborto. “Este proyecto debe buscar alinear la legislación local con los estándares internacionales en materia de derechos humanos”. –sn–