Diputados aprueban reforma constitucional en materia de derechos indígenas y afromexicanos

Por Gabriela Díaz | Reportera

La Cámara de Diputados aprobó este 18 de septiembre de 2024, con una mayoría calificada de 492 votos, una reforma al artículo 2° de la Constitución. Esta reforma, que forma parte del llamado «Plan C» presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca fortalecer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

El Plan C fue propuesto el pasado 5 de febrero y ha generado amplio debate en el Congreso. Esta reforma, en particular, reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público. Además, subraya la importancia de preservar y promover sus tradiciones culturales y políticas.

La reforma aprobada reconoce la composición pluricultural y multiétnica de la nación, que tiene sus raíces en las colectividades indígenas precoloniales. Estos grupos han mantenido una continuidad histórica a través de sus instituciones sociales, normativas y culturales.

Derechos colectivos

Asimismo, el dictamen establece que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas tendrán personalidad jurídica y patrimonio propio. Esto les permitirá ejercer mayor autonomía en la preservación de su identidad cultural y el desarrollo de sus formas de gobierno.

El documento también pone especial énfasis en el reconocimiento de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas y afromexicanos. Estos grupos, históricamente marginados, podrán beneficiarse de políticas públicas que atiendan sus necesidades específicas.

Uno de los puntos centrales de la reforma es el derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos a decidir conforme a sus propios sistemas normativos. Esto incluye la elección de sus representantes y la organización de sus formas internas de gobierno, siempre en armonía con la Constitución.

Derecho a la autodeterminación

Este reconocimiento refuerza el principio de autodeterminación, permitiendo que las comunidades gestionen sus asuntos internos sin interferencia externa. No obstante, la reforma aclara que estos derechos no podrán limitar los derechos político-electorales de los ciudadanos.

Además, el dictamen garantiza la preservación de sus lenguas y culturas. Las comunidades podrán continuar con sus propios métodos de enseñanza-aprendizaje y desarrollar iniciativas en áreas clave como la medicina tradicional y la alimentación nutritiva.

La reforma también promueve el desarrollo de la medicina tradicional y prácticas de salud que forman parte de la vida cotidiana de estas comunidades. Esto incluye la preservación de su bioculturalidad y el respeto a lugares sagrados que tienen un significado ancestral.

Fomento a la cultura

El dictamen establece la necesidad de proteger y fomentar el trabajo comunitario, una práctica esencial en muchas comunidades indígenas. Estas actividades no solo son parte de su herencia cultural, sino que también contribuyen al bienestar colectivo y a la preservación de sus tradiciones.

El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, uno de los principales promotores de esta reforma, informó que durante la discusión en lo particular se presentaron diversas propuestas de modificación. Estas propuestas incluyeron ajustes a varios artículos transitorios del proyecto de decreto.

Esta reforma representa un avance significativo en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos en México. Durante años, estas comunidades han luchado por obtener un estatus legal que les permita preservar sus tradiciones y decidir sobre sus propios asuntos.

Igualdad de derechos

La inclusión de los pueblos afromexicanos en esta reforma es un reconocimiento importante para una población que ha sido históricamente invisibilizada. Ahora, podrán gozar de los mismos derechos que los pueblos indígenas en términos de autonomía y representación.

El papel de los diputados en la aprobación de esta reforma ha sido fundamental. A lo largo de las sesiones, se discutieron diversos puntos de vista y se escucharon las voces de los representantes de estas comunidades, quienes han abogado por un marco legal que proteja sus derechos.

Con esta reforma, se espera que las comunidades indígenas y afromexicanas tengan una mayor capacidad para gestionar sus propios recursos y proyectos. Esto incluye el desarrollo de programas educativos que respeten sus métodos tradicionales y promuevan su cultura. –sn–