FGR y fuerzas federales revelan pruebas contundentes en casos de desapariciones y asesinatos
Por Martín García | Reportero
En un importante avance en las investigaciones por el secuestro de Ismael “Z”, el homicidio del doctor Héctor “N”, y la desaparición forzada de otras personas, la Fiscalía General de la República (FGR), en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, el Ejército y la Armada de México, confirmó la vinculación directa de Joaquín “G” en estos crímenes. Los indicios encontrados en una finca en Huertos del Pedregal, Culiacán, han sido fundamentales para esclarecer estos casos.
Según un comunicado emitido por la FGR, se hallaron rastros de sangre en la propiedad que corresponden al exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, lo que confirma que estuvo presente en el lugar de su secuestro. Las unidades periciales federales determinaron con precisión que las huellas hemáticas coinciden con el momento estimado de su homicidio, estableciendo que ocurrió horas antes de que se difundiera un video en una gasolinera, el cual ha sido desmentido por la Fiscalía.
En la batea del vehículo utilizado en el mencionado montaje de la gasolinera, las autoridades encontraron sangre humana perteneciente a Rodolfo “C”, un miembro del equipo de seguridad de Ismael “Z”, quien también se encuentra desaparecido. Este hallazgo refuerza las sospechas de la FGR sobre la implicación de grupos delictivos y funcionarios en los sucesos ocurridos en Huertos del Pedregal.
Rastros hemáticos confirman presencia de la víctima
Además, se obtuvo un video en el que el chofer del doctor Héctor “N”, quien en un inicio había declarado ante autoridades locales ciertos detalles sobre la desaparición y muerte del doctor, desmiente su propio testimonio. La nueva declaración ofrece elementos adicionales que contrarrestan la versión previamente difundida y abre nuevas líneas de investigación.
El caso ha puesto en el ojo público a varias autoridades de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Policías, ministerios públicos, peritos y personal relacionado con la Fiscalía han sido exhaustivamente investigados debido a su presunta participación en la muerte del doctor Héctor “N” y en el encubrimiento del secuestro de Ismael “Z”. Las pruebas recolectadas hasta el momento refuerzan las acusaciones de negligencia y complicidad de estos funcionarios en los hechos violentos.
Pese a los avances en la investigación, la FGR ha enfrentado obstáculos judiciales. Un juez federal en Culiacán ha rechazado conocer y determinar la aprehensión de los responsables implicados en estos crímenes, lo que ha generado críticas por parte de la fiscalía y los organismos de seguridad. Sin embargo, el Ministerio Público de la Federación anunció que presentará en los próximos días todas las pruebas ante un juez alternativo para continuar con las diligencias correspondientes.
Revelaciones y manipulación de la escena del crimen
El video descalificado que fue ampliamente difundido en medios locales mostraba a las víctimas en una gasolinera horas después de su presunta muerte. Sin embargo, las nuevas evidencias han permitido a la FGR confirmar que el video fue un montaje para manipular la percepción pública y desviar la atención de las verdaderas circunstancias de los crímenes. La sangre encontrada en la batea del vehículo usado en el montaje es una de las pruebas clave que desmiente esa versión y compromete a los involucrados en la alteración de la escena del crimen.
El caso también pone de relieve la posible corrupción dentro del sistema judicial de Sinaloa, que ha obstaculizado los esfuerzos por capturar a los responsables de los homicidios y desapariciones. La FGR ha sido clara en señalar la presunta complicidad de actores locales con el crimen organizado, lo que ha entorpecido el curso de la justicia. Los próximos días serán decisivos en la batalla legal para asegurar que se tomen medidas firmes contra quienes están involucrados en estos delitos.
Las reacciones en Sinaloa no se han hecho esperar. La comunidad universitaria, así como organizaciones de derechos humanos, han exigido que se castigue a los responsables de estos actos. La presión social, sumada a las pruebas contundentes presentadas por la FGR, mantiene el foco en los actores locales que han intentado bloquear el avance de la justicia.
El compromiso de las fuerzas federales de garantizar el bienestar de los ciudadanos y luchar contra el crimen organizado sigue firme. La FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y las fuerzas armadas han asegurado que continuarán trabajando en conjunto para lograr el esclarecimiento de los crímenes y para procesar a los responsables. –sn–
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