Continúa la violencia en Chiapas y Oaxaca

Por Gabriela Díaz | Reportera

El asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez en Chiapas, conocido defensor de los derechos de pueblos indígenas, generó gran conmoción y encendió alarmas sobre la persistente violencia contra activistas en México. Este trágico incidente ocurrió bajo el reciente gobierno de Claudia Sheinbaum, quien asumió la presidencia en septiembre pasado.

A este hecho se suma el asesinato de Gerardo Cruz Palacios, miembro del Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo-Unidad Patriótica, asesinado el 10 de octubre en Pinotepa Nacional, Oaxaca. Ambos crímenes subrayan la grave situación que enfrentan los defensores de derechos humanos en el país.

Según el recuento de la organización ACUDDEH, hasta mayo de 2024, al menos 345 defensores han sido asesinados desde el sexenio de Felipe Calderón, incluyendo 67 casos bajo su mandato.

Alarmante herencia de violencia y cifras preocupantes

El gobierno de Enrique Peña Nieto registró un incremento con 184 asesinatos de defensores, mientras que el mandato de Andrés Manuel López Obrador finalizó con 94 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Este contexto coloca a México como uno de los países más peligrosos para la defensa de los derechos humanos.

De acuerdo con los informes de ACUDDEH, entre junio de 2023 y mayo de 2024, ocurrieron nueve ejecuciones extrajudiciales de defensores de derechos humanos, una cifra que, aunque menor que en administraciones pasadas, no deja de ser alarmante.

Francisco Cerezo Contreras, activista de derechos humanos, ha señalado que esta violencia no es una política nacional, sino una realidad marcada por dinámicas locales y estatales. En Chiapas, por ejemplo, las tensiones entre grupos de poder agravan la situación.

Estigmatización desde el Gobierno de López Obrador

Durante las conferencias matutinas de López Obrador, algunos defensores de derechos humanos fueron objeto de estigmatización, lo que incrementó su riesgo. Esta retórica generó un ambiente hostil que, según Víctor Hugo López Rodríguez, secretario ejecutivo de la Red TDT, facilitó la violencia contra activistas.

Aunque la estigmatización no abarcó a todas las organizaciones, sí afectó gravemente a aquellas que denunciaron abusos de las fuerzas armadas o involucramiento del crimen organizado, como el Centro Prodh y el Centro Fray Bartolomé de las Casas.

Este señalamiento creó un precedente negativo, según el secretario de la Red TDT, quien opina que la nueva administración de Sheinbaum debe adoptar una postura diferente para salvaguardar a quienes trabajan en defensa de los derechos.

Persistencia de ejecuciones extrajudiciales

El “Balance Sexenal de Derechos Humanos en México” de la Red TDT documentó 92 ejecuciones extrajudiciales entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023, reflejando una violencia sostenida contra defensores. Este informe destaca un contexto complejo, en el que la narrativa gubernamental puede favorecer o inhibir la violencia.

Durante el mandato de López Obrador, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos rechazó el 60% de las solicitudes de protección, según López Rodríguez, quien asegura que estas negativas agravan el riesgo de activistas al dejarlos sin respaldo institucional.

La falta de explicación en los rechazos de protección plantea dudas sobre la efectividad de dicho mecanismo y sobre la postura oficial hacia los derechos humanos, según observó el secretario ejecutivo de la Red TDT.

Crisis de seguridad en el territorio nacional

Ante el dominio del crimen organizado en varias regiones del país, el despliegue militar nunca antes visto y la inseguridad constante, el panorama para los defensores de derechos humanos en México sigue siendo incierto y peligroso.

Víctor Hugo López subrayó que el nuevo gobierno enfrenta la urgente necesidad de revertir la narrativa estigmatizadora y proteger a los defensores que, como él menciona, “cubren frentes que la institucionalidad no alcanza, como la justicia, el desarrollo social o la educación.”

Para López Rodríguez, es crucial que la administración de Sheinbaum establezca un compromiso claro con la protección de los derechos humanos, reconociendo la labor legítima de los defensores y periodistas. Este compromiso, dijo, sería un primer paso para alejar la violencia y el riesgo. –sn–