Proyecto de inconstitucionalidad en reforma judicial genera divisiones

La propuesta del ministro González Alcántara Carrancá sobre la reforma judicial causa opiniones divididas entre legisladores de Morena y PAN.

Por Gabriela Díaz | Reportera

La diputada de Morena, Olga Sánchez Cordero, calificó de “salomónica” la propuesta de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá sobre la reforma al Poder Judicial Federal. Sánchez Cordero, también ministra en retiro, expresó que el proyecto no atiende adecuadamente el principio de procedencia en esta acción de inconstitucionalidad.

El proyecto de sentencia de González Alcántara Carrancá propone declarar inconstitucional la elección por voto popular de jueces y magistrados, aunque mantiene la de ministros. Esta iniciativa ha generado una fuerte discusión entre los legisladores, quienes ven en ella una posible alteración de la estructura judicial.

La diputada morenista Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, criticó el proyecto de González Alcántara y lo consideró un “absurdo” que contradice la jurisprudencia establecida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En su opinión, esta propuesta rompe con el respeto constitucional que la Corte mantuvo durante años.

División en Morena

Padierna argumentó que la SCJN no tiene facultades para modificar o añadir disposiciones a la Constitución, lo cual corresponde únicamente al poder reformador, es decir, al constituyente. Para Padierna, ningún ministro, “por importante que se crea”, puede usurpar esta función, calificando de grave la presentación del proyecto.

Sánchez Cordero explicó que el ministro justificó su propuesta basándose en un análisis realizado por 50 académicos nacionales y extranjeros. Según este documento, en países como India, Turquía, Alemania y Colombia, las cortes tienen la capacidad de declarar inconstitucional su propia constitución, un argumento novedoso en el contexto mexicano.

A pesar de las críticas, Sánchez Cordero afirmó que el debate es necesario para garantizar un Poder Judicial autónomo. Para ella, la revisión de la reforma debe incluir diversas perspectivas, tanto nacionales como internacionales, y evitar que el poder político influya en las decisiones judiciales.

El PAN rechaza la propuesta de elección popular

Por otro lado, el diputado panista Héctor Saúl Téllez Hernández consideró que la SCJN debe declarar inconstitucional la reforma en su totalidad. Téllez Hernández subrayó que el voto popular para la elección de ministros abre la puerta a la influencia de poderes fácticos, lo que, en su opinión, sería un error en la estructura judicial.

El legislador de Acción Nacional propuso la creación de un comité de selección para los ministros, conformado por ciudadanos, como una alternativa para garantizar la independencia judicial. Esta medida busca alejar al Poder Judicial de cualquier intervención política.

La iniciativa de González Alcántara ha polarizado a los legisladores en el Congreso de la Unión, quienes mantienen posturas irreconciliables respecto a la reforma judicial. Para algunos, el proyecto representa un avance en la defensa de la autonomía judicial; para otros, una amenaza al equilibrio de poderes.

Una propuesta controversial que divide al Congreso

Dolores Padierna argumentó que cualquier reforma judicial debe respetar el espíritu de la Constitución. Según ella, el proyecto ignora los límites de la SCJN al permitirle modificar la Carta Magna, y advirtió sobre las posibles repercusiones legales y políticas de esta decisión.

Téllez Hernández reafirmó que la SCJN tiene el deber de ser el único medio de control constitucional. Para el panista, la reforma representa una crisis en el Estado de derecho, agravada por lo que denominó una “mayoría oficialista irresponsable” que busca doblegar al Poder Judicial.

Este conflicto entre los poderes refleja una crisis de legitimidad que, según Téllez Hernández, amenaza la independencia judicial. El PAN continuará promoviendo la inconstitucionalidad de la reforma, considerando que cualquier modificación debe surgir de un consenso amplio y no de presiones políticas. –sn–