Reclaman el cumplimiento de la ley y rechazan negociaciones con grupos que retienen las instalaciones.
Por Gabriela Díaz | Reportera
Trabajadores de la cooperativa La Cruz Azul llevaron a cabo protestas simultáneas en seis estados del país para exigir la liberación de la planta de Tula, Hidalgo. Bajo control de un grupo identificado como “secuestradores de la planta”, la situación ha generado un amplio descontento en la comunidad cooperativista.
Los colaboradores, provenientes de Campeche, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y la Ciudad de México, alzaron sus voces en manifestaciones coordinadas. Con carteles y consignas, expresaron su rechazo a la ocupación ilegal de la planta y reiteraron su compromiso con el respeto a la ley.
El llamado se enmarca en una respuesta directa al Secretario de Gobierno de Hidalgo, Guillermo Olivares, quien invitó a los trabajadores a una mesa de negociación. La propuesta fue recibida con escepticismo y rechazo por los trabajadores, quienes ven en esta acción una forma de legitimar la ocupación.
Consignas en defensa de La Cruz Azul
En cada una de las manifestaciones, los trabajadores expresaron un mensaje unificado de resistencia. “¡No negociamos con delincuentes!”, corearon los trabajadores en las plazas públicas de cada estado, acompañados de pancartas y banderas de la cooperativa.
Otra de las consignas resonantes fue: “¡Exigimos que se cumpla la ley!”, subrayando la demanda de justicia. Los trabajadores argumentaron que la inacción gubernamental frente a la ocupación podría sentar un precedente perjudicial para el sector cooperativo.
La tercera consigna, “¡Que viva La Cruz Azul!”, fue una declaración de orgullo y pertenencia. Los trabajadores afirmaron que el movimiento de defensa de la planta no es solo económico, sino también identitario y social.
Apoyo en seis entidades
Las movilizaciones en Campeche y Guerrero fueron especialmente notorias por la participación de cientos de trabajadores. En estas entidades, las autoridades locales mostraron cautela ante la presencia masiva de manifestantes que pedían la restitución de la planta en Tula.
En Oaxaca y Puebla, los trabajadores advirtieron que continuarán con las movilizaciones hasta que el gobierno estatal se pronuncie a favor de liberar la planta. Aseguraron que las autoridades no han tomado en serio las afectaciones sufridas por los colaboradores de la cooperativa.
En la Ciudad de México, una comitiva de trabajadores solicitó una reunión con autoridades federales. Argumentaron que el conflicto afecta no solo a la economía local de Hidalgo, sino también a cientos de familias que dependen de la planta.
Responsabilidad del Secretario de Gobierno
El Secretario Guillermo Olivares fue señalado por los trabajadores como responsable de mediar en el conflicto. No obstante, la invitación de Olivares a dialogar con los ocupantes fue criticada y rechazada rotundamente por los manifestantes.
Los trabajadores sostuvieron que cualquier intento de negociar con quienes retienen la planta representa una falta de respeto a la ley. Exigieron que el Secretario se alinee a los intereses de la cooperativa y deje de lado cualquier tipo de interés particular.
La cooperativa también expresó que la postura de Olivares alienta la impunidad. Los trabajadores pidieron que el Secretario de Gobierno aclare su relación con los ocupantes y que actúe en defensa de la justicia y del bienestar de la comunidad.
Rechazo a la negociación con ocupantes
La negativa de los trabajadores a negociar con los ocupantes de la planta se fundamenta en su desconfianza hacia el grupo. Afirman que han utilizado métodos coercitivos y que su ocupación afecta gravemente la operación y seguridad de la cooperativa.
Los empleados de La Cruz Azul indicaron que su postura no es negociable. Insistieron en que la única solución aceptable es la restitución de la planta a la cooperativa y que cualquier tipo de negociación compromete la autonomía del proyecto.
“Queremos justicia, no acuerdos”, afirmaron voceros del movimiento en un comunicado. Los trabajadores insistieron en que la ocupación es ilegal y que las autoridades deben actuar para hacer respetar la propiedad de la planta. –sn–
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