El reciente escándalo de acoso sexual y corrupción que involucra a altos funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el estado de México ha evidenciado graves irregularidades en el organismo. La denuncia presentada por un grupo de empleados destaca una cultura de impunidad, nepotismo y abuso de poder dentro de la institución, y deja en claro la urgencia de medidas firmes que pongan fin a estas prácticas.

En el centro de la denuncia se menciona a Luis Enrique Mateo Reyes, jefe de Sistemas Administrativos, a quien se acusa de acosar sexualmente a cuatro mujeres y a un hombre de su equipo. Pese a que el caso fue notificado a Marco Antonio Hinojosa Mendoza y Fernando Castillo Vences, responsables de la Subdirección de Enlace Administrativo, no se ha llevado a cabo ninguna acción correctiva en contra de Mateo Reyes.

La denuncia no solo señala la falta de respuesta, sino también un aparente encubrimiento de las acciones de Luis Enrique Mateo Reyes. Según el informe, Graciela Guzmán Melchor, encargada del área de servicios a usuarios y pareja sentimental de Mateo Reyes, lo ha protegido desde su puesto. Guzmán Melchor, quien ocupa un cargo temporal, ha utilizado su influencia para trasladarlo al módulo de Administración del Agua, moviéndolo a su conveniencia.

A este entramado se suma la Subdirectora de Administración del Agua, Amayrani Kristell Medrano Valencia, quien también ha respaldado a Mateo Reyes. Los denunciantes aseguran que la subdirectora firma sus comisiones y ausencias injustificadas. Este respaldo institucional, amparado por relaciones personales, permite que Mateo Reyes continúe sus actividades sin restricciones.

La denuncia detalla que Amayrani Kristell Medrano Valencia también enfrenta señalamientos de acoso y nepotismo. En una práctica evidente de favoritismo, la subdirectora ha permitido que su madre, Consuelo Valencia Martínez, trabaje bajo su supervisión, incurriendo en un conflicto de interés. La situación se agrava con los antecedentes de acoso de Medrano Valencia hacia un colega, a quien presionaba para iniciar una relación amorosa.

Además, Medrano Valencia ha recibido el respaldo de Lauro Agustín Becerril Martínez, director local de la Conagua, quien justifica sus constantes ausencias y viajes al extranjero. En lo que va del año, la subdirectora ha viajado dos veces fuera del país, sin que tales ausencias afecten su salario o su posición. En el caso más reciente, se presentó una justificación de ausencia por su cumpleaños, acto que señala una violación a las normas del servicio público.

El caso también ha expuesto las irregularidades administrativas de Medrano Valencia, quien ha utilizado recursos públicos para cubrir ausencias personales y viajes de placer. Este uso indebido de recursos plantea una posible malversación del presupuesto de la Conagua, en un contexto donde se esperaría un estricto control del gasto público. La falta de supervisión por parte de las autoridades superiores genera un ambiente de impunidad que permite a ciertos funcionarios eludir sus responsabilidades.

El hecho de que el director local de Conagua, Lauro Agustín Becerril Martínez, haya permitido estos actos es alarmante. La complicidad entre estos altos mandos genera una estructura donde el abuso de poder y el uso indebido del erario son la norma, mientras que las denuncias y las reglas del servicio público se ignoran sistemáticamente.

El acoso sexual en el entorno laboral representa una violación directa a la integridad física y psicológica de los trabajadores. Las conductas denunciadas por las víctimas muestran un patrón de hostigamiento que va más allá del abuso de poder. La protección institucional de los acosadores es una forma de violencia sistémica que perpetúa la impunidad y revictimiza a quienes intentan denunciar.

En el caso de Luis Enrique Mateo Reyes, las víctimas han proporcionado pruebas documentales de los mensajes inapropiados que enviaba. A pesar de estas evidencias, la Dirección Local de la Conagua no ha implementado sanciones, creando un ambiente laboral hostil e inseguro, contrario a las disposiciones del Código Penal Federal y del Código de Conducta para los Servidores Públicos.

Los implicados han actuado de forma contraria a los principios de transparencia, respeto y ética que deberían regir el servicio público. La falta de respuesta de las autoridades de la Conagua muestra un sistema que permite y normaliza la violencia de género, el nepotismo y la corrupción. Es evidente que sin un cambio estructural, estos comportamientos se mantendrán.

La situación en la Conagua plantea una serie de preguntas respecto a la gestión ética de sus altos mandos y al compromiso de la institución con sus propios principios. En un contexto donde la administración pública debe priorizar la transparencia y el respeto hacia sus empleados, el encubrimiento de estas conductas envía un mensaje de tolerancia hacia la impunidad.

Los trabajadores de la Conagua han expresado su descontento y pedido una investigación formal que esclarezca los hechos y responsabilice a los implicados. La exigencia de que las autoridades intervengan responde a una demanda legítima de protección y justicia para las víctimas. En un contexto donde la integridad de los funcionarios es fundamental, resulta inadmisible que estas prácticas se perpetúen sin consecuencias.

Para restablecer la confianza de sus empleados, la Conagua debe implementar protocolos efectivos que garanticen un entorno laboral seguro y exento de violencia. Las medidas de protección y sanción deben aplicar sin privilegios, de manera que las relaciones personales no interfieran con el ejercicio de la justicia.

La Conagua representa un organismo clave en la administración pública mexicana. Como tal, su responsabilidad de actuar con integridad y justicia es ineludible. La denuncia de sus trabajadores es una llamada de atención para que el gobierno intervenga y asegure que las normas del servicio público se respeten sin distinción.

La denuncia de los trabajadores evidencia la urgencia de una política de cero tolerancia al acoso y a la corrupción en la administración pública. La complicidad y el encubrimiento deben erradicarse mediante acciones contundentes que prevengan futuros casos y brinden justicia a quienes han sido víctimas de estos abusos.

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