La denuncia pública de una persona trabajadora del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de Colima sacude las entrañas de la seguridad en Colima.

La denuncia pública de una persona trabajadora del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de Colima, que lleva 17 años en la institución, sacude las entrañas de la seguridad en Colima. Según su testimonio, en este gobierno estatal se han tejido redes de complicidad entre operadores, policías y funcionarios de alto nivel, facilitando así al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el acceso a información sensible y, en consecuencia, el dominio en los territorios que le resultan estratégicos.

La denuncia revela que los operadores de la Fiscalía son los únicos autorizados para ingresar con celulares al C5, permitiéndoles comunicarse con células criminales por medio de grupos de WhatsApp. Con esta práctica, reciben y transmiten información sobre denuncias anónimas y operativos, alertando a los miembros del CJNG sobre cualquier intervención de la autoridad en su contra.

Los alcances de la complicidad en el C5 van más allá de una comunicación entre criminales y operadores. Según la persona trabajadora denunciante, el personal técnico encargado del mantenimiento de cámaras y sistemas de video supervisados por la empresa Seguritech estaría involucrado en el borrado de material clave, facilitando que miembros del CJNG eviten ser identificados y, mucho menos, detenidos. El hecho de que esta denuncia permanezca sin ser investigada refleja la profunda descomposición institucional y la percepción de impunidad que la misma alimenta.

Este tipo de colusión en una institución clave para la seguridad ciudadana es alarmante. El C5 fue creado para vigilar y prevenir el crimen, pero la denuncia indica que, en lugar de combatir el crimen, este sistema de vigilancia ha sido convertido en una herramienta que protege y favorece las operaciones de uno de los cárteles más peligrosos de México. Los testimonios aquí expuestos ponen en duda no solo la eficiencia, sino también la integridad de los procesos de seguridad que tanto se han anunciado como logros de la administración actual.

En el relato de la denunciante, la participación de la actual gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, y de su secretario particular, Eduardo Jurado, es central. Según sus declaraciones, la cuota económica del CJNG es recibida a través de Jurado, situación que permite al cártel operar sin obstáculos en el estado. La percepción de impunidad que genera esta acusación no solo contribuye a la violencia, sino que también mina la confianza de los ciudadanos en sus autoridades y en las instituciones de seguridad pública.

La implicación de funcionarios de tan alto nivel en actos de corrupción que afectan la seguridad pública no es un hecho menor. Aunque estas aseveraciones deben ser investigadas a fondo, el simple hecho de que una persona trabajadora con casi dos décadas en el C5 se atreva a denunciar tales prácticas refleja el hartazgo y la desesperación frente a la impunidad y el control que las organizaciones criminales han adquirido en varias esferas gubernamentales.

La persona trabajadora también apunta a la Fiscalía, señalando que los ocho policías presuntamente vinculados con el CJNG fueron detenidos a petición del mismo cártel, en una estrategia para proteger a sus elementos clave y así ganarse la confianza del gobierno federal. Este tipo de movimientos refuerza la idea de que la Fiscalía en Colima podría estar actuando más como una extensión del crimen organizado que como un organismo de justicia independiente y efectivo.

La colusión entre elementos de la Fiscalía y el CJNG, de confirmarse, socavaría cualquier esfuerzo genuino por frenar el crecimiento del crimen organizado en la entidad. Sin una Fiscalía comprometida con el estado de derecho, el sistema judicial pierde la capacidad de operar como contrapeso ante los excesos y omisiones del poder ejecutivo, y deja a la población a merced de una violencia sin freno y de un sistema sin justicia.

La violencia en Colima ha alcanzado niveles críticos, en gran medida debido a la protección que el CJNG recibe de las autoridades estatales, según la denuncia. Este respaldo no solo obstaculiza los esfuerzos de seguridad pública, sino que fortalece las operaciones del cártel, consolidando su control territorial y su influencia en el sistema político local. La situación actual de violencia extrema es, en parte, consecuencia de una política permisiva que prioriza los intereses de grupos criminales por encima de la seguridad de los ciudadanos.

El asesinato de inocentes y los enfrentamientos armados en la vía pública son solo algunos de los síntomas de esta crisis de seguridad. La denuncia sobre el asesinato de la sobrina de la persona trabajadora del C5, víctima de una bala perdida en una balacera en La Villa, simboliza la tragedia cotidiana que viven muchas familias en Colima. Esta violencia indiscriminada daña irreparablemente el tejido social, afectando a miles de personas que no tienen otra opción que ver cómo sus vidas y su bienestar son pisoteados en la pugna por el poder entre el CJNG y las instituciones.

Reformas inmediatas y el reemplazo de mandos corruptos son las primeras medidas que deberían implementarse para restaurar la confianza en las instituciones de seguridad. Además, se requiere un compromiso de todas las esferas de gobierno para asegurar que las instituciones públicas no solo sean eficaces, sino también incorruptibles. Colima necesita una gobernanza que anteponga la seguridad ciudadana a cualquier interés económico o político y que sea capaz de revertir esta crisis de violencia y corrupción.

La situación en Colima es solo un reflejo de un problema más amplio en México, donde los lazos entre el crimen organizado y las instituciones de seguridad son un secreto a voces. El país necesita una estrategia integral que incluya tanto la depuración de cuerpos policiacos como la implementación de controles externos para evitar que los recursos y las herramientas de vigilancia beneficien a los cárteles.

Para que el sistema de seguridad pública funcione, es indispensable restaurar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Esta denuncia debe ser el primer paso para una investigación exhaustiva y una reestructuración del C5 en Colima. México no puede seguir permitiendo que las instituciones encargadas de proteger a su población sean parte activa de la cadena de corrupción que alimenta la violencia.

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