El gobernador morenista deja Veracruz con deudas políticas y sociales

Por Gabriela Díaz | Reportera

El próximo 30 de noviembre, Cuitláhuac García Jiménez, primer gobernador emanado de Morena en Veracruz, concluirá su mandato. Su gestión de seis años estuvo marcada por una serie de promesas incumplidas, en especial hacia colectivos de derechos humanos, familiares de desaparecidos y el gremio periodístico.

Desde el inicio de su administración, García Jiménez enfatizó su lema: “No somos iguales”. Prometió justicia para las víctimas de desapariciones forzadas y agresiones contra periodistas, así como garantizar la transparencia y el respeto a los derechos humanos en el estado.

Sin embargo, los compromisos asumidos quedaron lejos de cumplirse. Veracruz mantuvo un registro alarmante de desapariciones y violaciones de derechos humanos. Según cifras oficiales, más de 2 mil 100 casos se registraron durante su mandato.

Derechos humanos y crisis de desapariciones

Al asumir el cargo, Cuitláhuac García firmó una declaratoria emergente para atender la crisis de desapariciones en el estado. Este acto simbólico, realizado junto a colectivos, buscaba legitimar su gobierno como cercano a las víctimas.

El documento prometía acciones concretas en búsqueda, identificación y atención a las familias afectadas. Sin embargo, colectivos como Solecito denunciaron el abandono de las mesas de trabajo y la falta de resultados efectivos.

La administración estatal tampoco atendió las recomendaciones de organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Entre 2019 y 2023, rechazó más de 50 observaciones, incluyendo casos graves de desaparición forzada y tortura.

En 2022, Mayra Ledesma, exfuncionaria de derechos humanos en el estado, calificó al gobernador como “traidor”. Según ella, García Jiménez incumplió los acuerdos establecidos con las familias de personas desaparecidas.

Reforma autoritaria y persecución política

Durante su gestión, el Congreso local aprobó una reforma para tipificar el delito de ultrajes a la autoridad. Esta medida, que derivó en más de 30 encarcelamientos de opositores, fue señalada como una herramienta para la persecución política.

La CNDH declaró inconstitucional dicha reforma, pero el daño ya estaba hecho. Líderes políticos, exfuncionarios y hasta jueces enfrentaron procesos judiciales plagados de irregularidades. Más de la mitad logró obtener su libertad.

El académico Alberto Olvera, de la Universidad Veracruzana, afirmó que el gobierno de Cuitláhuac García instauró un modelo autoritario con el apoyo del entonces secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos.

Gremio periodístico bajo ataque

Desde 2019, el gobierno de Veracruz prometió respeto hacia el periodismo y organizó un homenaje para periodistas asesinados. Pese a ello, cinco comunicadores perdieron la vida durante su mandato.

Organizaciones como Artículo 19 señalaron a Cuitláhuac García por hostigar a la prensa crítica. La implementación de la “nota Pinocho”, una versión local del “quién es quién en las mentiras”, fue vista como una estrategia para desacreditar a los medios independientes.

Familiares de periodistas asesinados denunciaron el incumplimiento de promesas como ofrecer disculpas públicas y garantizar justicia para las víctimas. La Red de Memoria y Lucha de Periodistas Asesinados expresó su frustración ante la indiferencia del mandatario.

Promesas que se quedaron en el aire

Uno de los puntos más polémicos del sexenio fue la crisis de desapariciones de mujeres. Más de 600 casos se registraron a partir de 2019. La solicitud de una alerta por desapariciones femeninas se retrasó casi cuatro años.

Anaís Palacios, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, criticó la falta de perspectiva de género en las políticas públicas. Además, denunció la ausencia de personal capacitado en las comisiones encargadas de la búsqueda.

Aunque se asignaron mayores presupuestos a estas áreas, los resultados fueron escasos. Apenas 40 cuerpos de los más de 400 hallados en fosas clandestinas lograron ser identificados.

Un cierre lleno de claroscuros

El sexenio de Cuitláhuac García se caracterizó por promesas rotas y confrontaciones. Aunque algunos colectivos reconocieron avances, como el aumento presupuestal para las comisiones de búsqueda, las críticas superaron los logros.

Para las familias de desaparecidos y el gremio periodístico, el gobernador deja una deuda histórica. Los compromisos asumidos en 2018 quedaron como actos simbólicos sin un impacto real.

El balance final de su administración refleja un gobierno que enfrentó serios cuestionamientos sobre autoritarismo, represión política y falta de empatía hacia las víctimas. –sn–