Llama diputado Trejo a proteger su patrimonio. Víctimas no denuncian por miedo a represalias. Cero tolerancia contra todo tipo de extorsiones.

Por Luis Muñoz

El Congreso local exhortó al Instituto para el Envejecimiento Digno (INED) de la Ciudad de México a reforzar las medidas de canalización a la Fiscalía General de Justicia local de las personas mayores víctimas de despojo patrimonial, así como a remitir un informe de la situación.

El llamado es también a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Cdmx para que considere la inclusión de un programa especial para la regularización y escrituración del patrimonio de las personas mayores de 60 años.

El diputado Pablo Trejo Pérez (PRD) informó que a nivel nacional en 2023 el porcentaje de las personas de más de 60 años fue del 14.7%; la Ciudad de México fue la segunda entidad con mayor porcentaje, lo que da una idea del número de potenciales víctimas de este tipo de delito.

Uno de los abusos ejecutados con frecuencia es el despojo de sus bienes y propiedades a los adultos mayores, lo cual constituye el delito de abuso patrimonial. De acuerdo a las atenciones prestadas por Consejo Ciudadano de la capital, el despojo representa un 26% de las peticiones de apoyo, por lo que es la demanda número uno desde 2018.

El diputado Trejo expresó que denunciar este delito tiene sus retos, por la condición de fragilidad y movilidad de las personas mayores; el aspecto afectivo es importante cuando se trata de la familia y el miedo a las represalias; se sabe que quienes suelen abusar de este grupo etario con premeditación y ventaja, son vecinos, familiares, amigos y personas cuidadoras.

Por ello el legislador señaló que, a pesar de las políticas públicas acertadas por el gobierno local para atender las necesidades de este segmento de la población, aún se requiere reforzar la atención respecto al despojo de sus propiedades.

Trejo Pérez presentó, sobre el tema, una proposición con punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades de la Ciudad de México a reforzar el trabajo para atender el creciente problema de los despojos patrimoniales a las personas mayores y que, además, se considere la implementación de un programa especial para la regularización y escrituración del patrimonio de las personas de 60 años y más.

Ante el Pleno, manifestó que en el Plan de Política Criminal 2023 que la Fiscalía General de Justicia de la Cdmx remitió al Congreso local, se indica que se detectó la compraventa de inmuebles por medio de contratos apócrifos, daciones en pago y juicios civiles, en los que se presenta documentación falsa del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, de la Tesorería de la ciudad e instrumentos notariales.
Dicha dependencia realiza investigaciones por el delito de despojo y detectó cinco modus operandi, siendo los adultos mayores las principales víctimas.

El diputado del Distrito 15 de Iztacalco señaló que en México, el 32.1% de los 17 millones 958 mil 707 de personas mayores sufre algún tipo de maltrato, principalmente por sus hijos, hijas, pareja o familiares, como informa el INAPAM”.

De acuerdo con Trejo Pérez, el aumento del número de personas mayores representa un desafío y el Estado debe garantizar la calidad de vida. Dijo también que “a pesar de todos los esfuerzos sociales e institucionales, a las personas mayores se les estigmatiza y atribuyen una serie de calificativos que denigran esta etapa de la vida. Las personas mayores enfrentan prejuicios, estereotipos, discriminación y diferentes tipos de abusos y violencias, entre los que se encuentra el despojo de sus bienes y propiedades, causándoles daño patrimonial”.

Recordó que en 2018, como parte del Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez en México, el Centro de Estudios de Trabajo Social en Gerontología de la Universidad Nacional Autónoma de México indicó que el despojo patrimonial es uno de los abusos más dolorosos, porque es perpetrado por la familia, en la mayoría de los casos por los propios hijos.

Resaltó que a pesar de las políticas públicas acertadas del Gobierno de la Ciudad, a través de instrumentos como Línea de Atención a la Persona Mayor, la agencia especializada en Personas Adultas Mayores en Ciudad de México, el Instituto para el Envejecimiento Digno (INED) entre otros, “se requiere atender la problemática del despojo de las propiedades de las Personas Mayores. Destacó que han encontrado en los medios de comunicación diversos casos documentados de éstos despojos…

RESPALDA PVEM SANCIONAR DELITOS DE EXTORSIÓN

La diputada del Partido Verde, Yolanda García, respaldó a nombre propio y del grupo parlamentario ecologista en el Congreso de la Ciudad de México, el dictamen para sancionar diversos delitos en materia de extorsión en la capital del país.

En tribuna, la legisladora argumentó que la aprobación de esta iniciativa representa un paso decisivo en torno a la protección efectiva de los derechos humanos de los capitalinos, pues lesionan la vida, la integridad corporal, la dignidad y el acceso a una vida libre de violencia.

La incorporación de los delitos de cobranza ilegítima y de extorsión al Título Primero del Código Penal para el Distrito Federal, supone un reconocimiento de la gravedad de estas conductas y su impacto directo en la vida de las víctimas, señaló.

Por ello consideró oportuno mantener el inciso o) del artículo 148 Quáter en el Capítulo de Extorsión de la iniciativa de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, relativo al aumento de las penas al doble cuando dicho delito se cometa con la finalidad de obtener el pago de una deuda.

Aunque la iniciativa ya contempla la cobranza ilegítima, los casos de deudas pueden actualizarse como una forma de extorsión indirecta, ante un posible concurso de delitos; lo que inicialmente puede comenzar con hostigamiento e intimidación, puede derivar en actos de violencia.

El Partido Verde, como Grupo Parlamentario, celebramos que este dictamen priorice el principio de exacta aplicación de la ley penal, previsto en el artículo 14 de la Constitución federal, toda vez que asegura que cada tipo penal esté claramente definido y delimitado, salvaguardando así la seguridad jurídica y el debido proceso. De este modo, la ciudadanía podrá tener certeza de que estas conductas serán sancionadas con firmeza y que no habrá espacio para interpretaciones laxas que pongan en riesgo la justicia.

Detalló que al reforzar el marco normativo contra la extorsión y la cobranza ilegítima, se da cumplimiento a los compromisos asumidos por el país para velar por una vida libre de violencia y salvaguardar la dignidad de todas las personas.

El PVEM reafirmó su compromiso con la construcción de un andamiaje legal que no sólo castigue a quienes atentan contra la paz y la seguridad, sino que además reconozca la protección de los derechos humanos como eje central de la política criminal y por ello, dijo, su voto será a favor del presente dictamen, convencidos de que estas reformas son un paso en la dirección correcta para garantizar la justicia y la integridad de todos.

*Periodista: lm0007tri@yahoo.com.mx

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