Motín en el penal de Tabasco debe investigarse: Sheinbaum

Por Paola Ramírez | Reportera

El Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (CREST) fue escenario de un motín que dejó como saldo siete muertos, varios heridos y múltiples interrogantes sobre la seguridad en los penales del país.

El incidente ocurrió tras un operativo para trasladar a dos reos considerados generadores de violencia, lo que provocó disturbios al interior del centro penitenciario. Las autoridades decomisaron armas, droga y objetos prohibidos, lo que evidenció graves irregularidades en la administración del penal.

En conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la situación fue abordada en la reunión del gabinete de seguridad. Aseguró que se investigarán las posibles responsabilidades de las autoridades y se transparentarán los resultados.

La mandataria declaró que los hechos evidenciaron una problemática profunda en la gestión de los penales, cuestionando cómo ingresaron las armas y drogas al recinto. “Tiene que darse toda la información”, afirmó.

Conflicto originado por un traslado fallido

El motín comenzó alrededor de las 5:00 de la madrugada cuando elementos de seguridad estatal y federal arribaron al penal para trasladar a Gerardo ‘N’ y Javier ‘N’ a un centro penitenciario federal.

Según el secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Víctor Hugo Chávez Martínez, el operativo fue recibido con disparos por parte de internos armados. Esto desató una serie de enfrentamientos que se prolongaron durante horas.

De acuerdo con las autoridades, Javier ‘N’ opuso resistencia y contó con el respaldo de al menos 20 internos. Estos actos generaron caos, con quema de muebles y basura en el patio central del penal, lo que complicó el control de la situación.

En el enfrentamiento, fallecieron siete internos cuyos nombres fueron confirmados por la Fiscalía General del Estado (FGE): Jorge Francisco “N”, Marcelo “N”, Mario de Jesús “N”, Alejandro “N”, Iván “N”, Cristhian “N” y Antonio “N”.

Decomiso de armas y drogas en el penal

Tras controlar el motín, las autoridades realizaron una revisión exhaustiva dentro del penal. El saldo fue alarmante: un fusil AR-15, cinco pistolas calibre 9 mm, 541 dosis de droga, entre ellas cocaína y marihuana, así como cuchillos y machetes hechizos.

El secretario Chávez Martínez indicó que también se aseguraron dispositivos de comunicación, como radios y teléfonos celulares, lo que confirmó la falta de controles efectivos en el CREST.

La presidenta Sheinbaum exigió respuestas sobre cómo ingresaron estos objetos al penal. Advirtió que si se detecta colusión entre las autoridades y los internos, las sanciones deberán aplicarse con rigor.

Investigación en curso por las autoridades

La Fiscalía General del Estado informó que se abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del motín y la responsabilidad de los funcionarios. Las indagatorias se centrarán en el posible tráfico de armas y drogas al interior del penal.

El titular de la SSPC señaló que revisarán los protocolos de seguridad en los centros penitenciarios de Tabasco para prevenir futuros incidentes de esta magnitud. También indicó que el traslado de los reos generadores de violencia era una medida necesaria para reducir riesgos.

Familiares de los internos fallecidos han solicitado transparencia en las investigaciones. Denunciaron posibles abusos de autoridad durante el operativo y exigieron que se esclarezca la actuación de las fuerzas de seguridad.

Llamado a la rendición de cuentas

La presidenta Sheinbaum Pardo reiteró que las irregularidades dentro del penal deben abordarse con urgencia. Consideró que los hechos reflejan una crisis estructural en el sistema penitenciario que requiere reformas inmediatas.

Diversos actores políticos y sociales han señalado la necesidad de implementar controles más estrictos en los penales para evitar la entrada de objetos prohibidos. Además, pidieron mayor supervisión en los operativos de traslado para garantizar la seguridad de internos y custodios.

El motín en el CREST pone en evidencia la vulnerabilidad de los centros penitenciarios en México y la urgencia de atender los problemas de corrupción y negligencia que persisten en estos espacios. –sn–