La violencia contra el clero en el estado ha dejado una estela de asesinatos y agresiones físicas.

Por Alfredo Martinez | Corresponsal

Michoacán se posicionó como el tercer estado del país con más agresiones a sacerdotes desde 1990 hasta 2024, según un informe de la Unidad de Investigaciones Especiales del Centro Católico Multimedial (CCM).

En su reporte, se identificaron municipios clave donde ocurrieron los hechos más graves, incluidos Apatzingán, Cuitzeo y Puruándiro. El documento señaló que la mayoría de los atentados contra sacerdotes han sido homicidios, aunque también se registraron agresiones físicas, como en el caso de Ario de Rosales en 2020, cuando el obispo Osvaldo Ával sufrió un ataque sin que se reportaran pérdidas humanas.

Entre los primeros registros documentados figuran los asesinatos de los sacerdotes Abelardo Espinoza Aguilera y Miguel Marzán Arriola, ocurridos en 1994 y 1995, respectivamente. Ambos eran miembros de la Diócesis de Apatzingán, aunque las causas de sus muertes no se han esclarecido. La violencia recrudeció en 2016 con el asesinato del clérigo José Alfredo López Guillén, quien fue privado de su libertad en Janamuato, Puruándiro, y hallado sin vida días después. Este caso marcó un punto crítico en la inseguridad contra religiosos en la región.

Crecimiento de la violencia desde 2016

El asesinato de López Guillén en septiembre de 2016 evidenció el riesgo latente para el clero en Michoacán. Las investigaciones señalaron a Vicente N. y Francisco N. como los responsables de su homicidio, quienes convivieron con él antes de perpetrar el crimen.

En 2018, el párroco Miguel Gerardo Flores Hernández desapareció el 18 de agosto y fue localizado sin vida una semana después en un paraje de Múgica, en la región de Tierra Caliente. Las autoridades detuvieron a Abel N., acusado de asesinar al sacerdote con un arma de fuego.

Los registros del CCM indican que la violencia contra los sacerdotes en Michoacán no se limita a asesinatos. En el municipio de Ario de Rosales, el obispo Osvaldo Ával fue agredido físicamente en 2020, en un hecho que generó preocupación entre las autoridades eclesiásticas.

Municipios marcados por el crimen

A lo largo de los años, varios municipios han sido escenario de actos violentos contra el clero. En Cuitzeo y Huandacareo, el sacerdote Javier García Villafaña fue baleado en 2023 mientras circulaba por la carretera que conecta ambas localidades. Este hecho se suma a una lista de homicidios que han conmocionado a la comunidad religiosa.

En 2016, la desaparición y asesinato de José Alfredo López Guillén en Puruándiro evidenció el grado de vulnerabilidad que enfrentan los sacerdotes en zonas controladas por el crimen organizado. Según informes, los presuntos responsables del homicidio convivieron con la víctima antes de privarlo de la vida.

En el municipio de Múgica, el asesinato de Miguel Gerardo Flores Hernández en 2018 destacó el nivel de impunidad en estos casos. Su cuerpo fue hallado en un paraje de la región tras días de búsqueda por parte de la comunidad y las autoridades.

La influencia del crimen organizado

Varios de los asesinatos han sido atribuidos a grupos del crimen organizado. En el caso del sacerdote Manuel Miranda Ávalos, las investigaciones señalaron a integrantes de La Familia Michoacana como responsables de su muerte.

Este hecho reflejó la presencia de estos grupos en la entidad. El informe del CCM subrayó que los homicidios contra sacerdotes se intensificaron en 2016, cuando Michoacán vivió un repunte en la violencia generalizada.

La región de Tierra Caliente ha sido particularmente afectada, convirtiéndose en un foco rojo para la seguridad del clero. Además de los asesinatos, el reporte documentó amenazas y hostigamientos contra sacerdotes en diversos municipios. Estas agresiones reflejan la creciente inseguridad que enfrentan los líderes religiosos en Michoacán.

Impunidad y respuesta de las autoridades

A pesar de las detenciones realizadas en algunos casos, como las de Vicente N., Francisco N. y Abel N., la mayoría de los asesinatos contra sacerdotes en Michoacán permanecen sin resolverse. Esta situación ha generado preocupación en el ámbito religioso y social.

La Fiscalía General de Michoacán ha sido cuestionada por la falta de avances en las investigaciones. Organizaciones como el CCM han exigido mayor protección para los sacerdotes, así como la implementación de medidas para prevenir futuros ataques.

El impacto de estos crímenes no solo afecta a la Iglesia católica, sino también a las comunidades que dependen de sus líderes religiosos para orientación y apoyo en medio de un clima de violencia generalizada. –sn–