El consejero jurídico del gobierno estatal admitió la existencia de un sistema de favores sexuales vinculado a la asignación de plazas en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

SN Redacción

La administración pública de Oaxaca enfrenta una crisis tras la revelación de un presunto “catálogo sexual” utilizado para la asignación de plazas en distintas dependencias gubernamentales. Geovany Vásquez Sagrero, consejero jurídico del gobierno estatal, confirmó la existencia de este mecanismo y aseguró que ya se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Durante una conferencia de prensa, Vásquez Sagrero indicó que el catálogo servía para acordar el reparto de plazas en los tres poderes del estado según el género de los servidores públicos. Aunque evitó proporcionar mayores detalles, calificó el caso como “delicado” y subrayó que será la Fiscalía quien determine responsabilidades.

Implicaciones en el Congreso y funcionarios cercanos

Entre los casos señalados, se encuentra el de los hijos de la diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Margarita García. Según los informes iniciales, Branly Abel Ramírez García y Omar Axel Ramírez García habrían obtenido plazas gubernamentales de manera irregular.

De acuerdo con el consejero jurídico, las plazas adjudicadas a los hijos de la legisladora podrían estar vinculadas al intercambio de favores desde el Congreso local. Sin embargo, aclaró que dichas acusaciones aún no han sido corroboradas por la Fiscalía General del Estado.

Sospechas sobre exfuncionarios

Geovany Vásquez Sagrero detalló que la Fiscalía tiene abiertas 101 carpetas de investigación relacionadas con la adjudicación irregular de plazas. Según el funcionario, estos procesos podrían implicar a exservidores públicos y otros actores políticos.

“El tema de este catálogo sexual es muy preocupante”, afirmó. Añadió que se han detectado múltiples irregularidades conforme avanza la investigación, lo que ha generado incertidumbre sobre la magnitud del caso.

Bases canceladas y sueldos cuestionados

El escándalo surge días después de que el gobierno de Oaxaca anulara 1,344 bases por presuntas irregularidades en su otorgamiento. Entre las plazas señaladas, se encuentra la de Omar Axel Ramírez García, adscrito como Auxiliar 2A en la Secretaría de Administración, con un salario de 15 mil pesos mensuales.

Por su parte, Branly Abel Ramírez García, empleado como Oficial Administrativo 6A en la Secretaría de Desarrollo Económico, percibe un sueldo neto de 17 mil pesos al mes. Ambas asignaciones fueron calificadas como irregulares por las autoridades locales.

Investigación en marcha

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca desplegó personal especializado en la materia para avanzar en las investigaciones. Se espera que en las próximas semanas se amplíe el número de imputados y se defina el alcance de la red de corrupción que involucraba este catálogo sexual.

El caso generó indignación entre la ciudadanía y los sectores políticos opositores, quienes exigieron mayor transparencia en las investigaciones. Organizaciones civiles solicitaron la renuncia de los responsables involucrados en estos hechos.

En tanto, Margarita García negó las acusaciones y calificó de “difamaciones” los señalamientos en contra de sus hijos. La legisladora aseguró que se apegará al debido proceso para defender su reputación.

Llamado a la justicia

Especialistas en transparencia y derechos humanos criticaron la persistencia de prácticas corruptas en la administración pública de Oaxaca. Exhortaron a las autoridades a sancionar con firmeza a los implicados para recuperar la confianza de la ciudadanía.

La asignación irregular de plazas gubernamentales no es un fenómeno nuevo en México. Sin embargo, el vínculo entre estas prácticas y un presunto catálogo sexual evidencia una degradación en los procesos institucionales que demanda atención inmediata. –sn–