María “N” fue señalada por 22 mujeres, quienes aseguran haber sido víctimas de procedimientos estéticos realizados sin certificación médica.

Por Tomás Enríquez | Corresponsal

La Fiscalía General del Estado de Querétaro vinculó a proceso a María “N” por un segundo procedimiento legal, derivado de las acusaciones de usurpación de profesiones y lesiones dolosas en agravio de 22 mujeres. La acusada fue detenida el pasado 19 de noviembre en su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Zen Life II en el municipio de El Marqués.

La investigación inició cuando dos mujeres denunciaron haber sufrido complicaciones tras someterse a procedimientos estéticos realizados por María “N”. Días después, las autoridades catearon su consultorio, localizado en la plaza comercial Q7001 en la capital del estado, donde se recabaron pruebas adicionales.

Durante el cateo, se descubrieron documentos y registros de otros casos similares, lo que llevó a sumar más denuncias. El número de presuntas víctimas pasó de dos a 14 en una semana y alcanzó un total de 22 al cierre de diciembre.

Vinculación y prisión preventiva

En la primera audiencia, realizada el 26 de noviembre, un juez determinó que María “N” enfrentaría proceso por los delitos mencionados, vinculándola bajo prisión preventiva. Esta medida se ejecutó en el Centro de Reinserción Social (CERESO) femenil de San José El Alto, donde permanece desde entonces.

El pasado 28 de diciembre, durante un segundo procedimiento, la acusada fue nuevamente vinculada a proceso, esta vez por ocho casos adicionales. El juez ratificó la prisión preventiva como medida cautelar y amplió el plazo de investigación complementaria.

Nuevas acusaciones emergen

Las investigaciones de la Fiscalía han permitido identificar un patrón de irregularidades en los procedimientos realizados por María “N”. Los testimonios de las víctimas indican que la acusada realizaba intervenciones estéticas invasivas sin contar con las certificaciones médicas requeridas.

Entre los procedimientos realizados se incluyen liposucciones y aumento de glúteos, que dejaron secuelas físicas y emocionales en las pacientes. Algunas de ellas reportaron infecciones severas, dolores persistentes y deformidades, obligándolas a buscar atención médica especializada.

Del consultorio al proceso judicial

María “N” promocionaba sus servicios como experta en cirugía estética mediante redes sociales y recomendaciones personales. Sin embargo, la investigación reveló que no poseía formación profesional ni licencias médicas para ejercer como cirujana.

El consultorio, ubicado en una céntrica plaza comercial, operaba con permisos irregulares. Autoridades aseguraron equipo médico y documentos que respaldaron las acusaciones en su contra.

Medidas cautelares y proceso en curso

En ambas audiencias, los jueces ratificaron la prisión preventiva como medida cautelar justificada, señalando el riesgo de que la acusada pueda evadir la justicia. Actualmente, la Fiscalía continúa recabando pruebas y testimonios para robustecer el caso.

La primera etapa de investigación complementaria, establecida en tres meses, está en curso. En este segundo procedimiento, los plazos se extenderán para integrar las denuncias más recientes.

Impacto en las víctimas

Las afectadas han solicitado justicia y medidas más estrictas contra quienes ejerzan profesiones sin certificación. Algunas víctimas han compartido sus testimonios, describiendo el daño físico y emocional que enfrentan tras los procedimientos fallidos.

En respuesta, la Fiscalía ha ofrecido asesoría legal y apoyo psicológico a las mujeres afectadas. Además, hizo un llamado a la población para verificar siempre la certificación de los especialistas antes de someterse a cualquier procedimiento médico.

Una alerta para la ciudadanía

Las autoridades locales recordaron que la usurpación de profesiones representa un grave riesgo para la salud pública. Invitaron a los ciudadanos a denunciar casos similares y a consultar el Registro Nacional de Profesionistas para corroborar la validez de las credenciales médicas.

Por ahora, el caso de María “N” ha despertado un debate sobre la regulación de servicios estéticos y la responsabilidad de las autoridades en supervisar este tipo de prácticas. –sn–