La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana asumirá labores de investigación y coordinará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Por Paola Ramírez | Reportera

El gobierno federal promulgó una reforma constitucional que amplía las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la cual comenzó a regir a partir de este 1 de enero de 2025. Esta modificación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y plantea cambios significativos en la estructura de seguridad del país.

La reforma al artículo 21 de la Constitución fue impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum y otorga nuevas atribuciones a la SSPC, incluyendo la posibilidad de realizar investigaciones de delitos, una tarea anteriormente reservada al Ministerio Público.

Asimismo, establece que la dependencia encabezada por Omar García Harfuch coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como el Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública.

Coordinación de los tres niveles de gobierno

El nuevo marco jurídico faculta a la SSPC para coordinar las acciones de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública. Las instituciones de seguridad de cada nivel deberán proporcionar toda la información que recaben, conforme a la ley.

Además, la SSPC tendrá la capacidad de solicitar información a todas las instituciones públicas en el curso de investigaciones relacionadas con presuntos delitos. Esta medida busca fortalecer la colaboración y evitar duplicidades entre las corporaciones de seguridad.

De acuerdo con la diputada Jessica Saiden Quiroz, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana en San Lázaro, esta reforma “consolida la estrategia del gobierno federal para combatir la delincuencia y reducir la criminalidad”.

Nuevas herramientas operativas para la SSPC

Saiden Quiroz explicó que, al dotar a la SSPC de mayores herramientas operativas, la dependencia podrá dirigir los recursos y esfuerzos de manera más eficiente. Esto incluye coordinar acciones entre fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales.

“La estrategia debe ser coherente en todo el país. Estas nuevas facultades permitirán una mayor coordinación y evitarán duplicidades en los esfuerzos de las distintas corporaciones”, añadió la legisladora.

La reforma establece un plazo de 90 días para que la SSPC armonice los instrumentos jurídicos necesarios, un proceso que marcará el inicio de la nueva etapa en seguridad pública.

Mayor enfoque en inteligencia y seguridad nacional

Otro aspecto relevante de la reforma es el fortalecimiento del Sistema Nacional de Inteligencia, que ahora será coordinado por la SSPC en todo lo relacionado con la seguridad pública. Esto permitirá centralizar y analizar la información generada por los tres niveles de gobierno.

Con esta medida, se espera una respuesta más rápida y efectiva ante situaciones de riesgo para la seguridad nacional, optimizando la utilización de los recursos de inteligencia.

Reacciones ante los cambios legislativos

La promulgación de la reforma ha generado opiniones divididas entre los sectores políticos y sociales. Mientras algunos reconocen que las nuevas facultades de la SSPC representan un paso necesario para enfrentar la delincuencia, otros advierten sobre los riesgos de centralizar tanto poder en una sola dependencia.

La reforma también ha suscitado debates en torno al equilibrio entre la eficacia operativa y el respeto a los derechos humanos en las labores de investigación. Este aspecto será clave en la implementación de las nuevas facultades.

Un paso hacia la consolidación de la seguridad nacional

Para Claudia Sheinbaum, esta reforma refuerza la estrategia de su gobierno en materia de seguridad pública. Según expertos, estos cambios buscan cerrar las brechas en coordinación que han limitado los resultados en la lucha contra la criminalidad.

La armonización de los instrumentos jurídicos será esencial para garantizar que las nuevas facultades de la SSPC se apliquen de manera efectiva y respeten el marco legal vigente.

Con estos cambios, el gobierno federal apuesta por un modelo centralizado de coordinación en seguridad pública, con el objetivo de mejorar la respuesta ante los crecientes retos en materia de delincuencia y violencia. –sn–