La desaparición de Jonathan Cortés Gallardo enciende alertas sobre la seguridad de defensores de derechos humanos en México.

Por Gabriela Díaz | Reportera

Jonathan Cortés Gallardo, sobrino de los defensores de derechos humanos Efrén Cortés Chávez y Ericka Zamora Pardo, desapareció el 30 de diciembre de 2024 en la colonia Amado Nervo, Cruz Grande, Guerrero. Su desaparición, junto con amenazas recientes hacia Efrén Cortés Chávez y sus familiares, ha desatado preocupación en la comunidad nacional e internacional de derechos humanos.

El obispo emérito de Saltillo, José Raúl Vera López, y miembros de la organización Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. (RSDCIAC), señalaron en un comunicado la responsabilidad del Estado mexicano en garantizar la vida e integridad de quienes defienden los derechos humanos.

Desde 2015, los integrantes de la RSDCIAC cuentan con medidas cautelares del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, debido a los riesgos enfrentados al litigar casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos en México.

La sombra de la impunidad

En el comunicado, se recordó el caso de Jorge Cortés Carmona, estudiante de veterinaria desaparecido en 2017, cuyo cuerpo fue hallado con signos de tortura. Este caso permanece impune y refleja el contexto de violencia sistemática en Guerrero.

El hostigamiento hacia Efrén Cortés Chávez se inscribe en un patrón de criminalización contra defensores de derechos humanos. La organización denunció que las amenazas recientes agravan el riesgo para él, su familia y los integrantes de RSDCIAC.

Exigencias al gobierno

La RSDCIAC exigió al gobierno mexicano, en sus tres niveles, la presentación con vida de Jonathan Cortés Gallardo. También pidió garantías inmediatas para la seguridad física y psicológica de Efrén Cortés Chávez, su familia y los miembros de la organización.

Demandaron además una investigación exhaustiva y transparente sobre las amenazas recibidas y las violaciones de derechos humanos cometidas, con la comparecencia de los responsables ante la justicia.

Presión internacional

El comunicado instó a organismos nacionales e internacionales a expresar su preocupación y a exigir al gobierno mexicano acciones concretas para detener el hostigamiento contra los defensores de derechos humanos.

El obispo emérito José Raúl Vera López, junto con el equipo de RSDCIAC, subrayó la necesidad de garantizar la seguridad de quienes luchan por la justicia en un país donde la impunidad persiste como una constante.

Contexto histórico

Efrén Cortés Chávez y Ericka Zamora Pardo son sobrevivientes de la masacre de El Charco, ocurrida el 7 de junio de 1998 en Ayutla de los Libres, Guerrero. Este antecedente ha marcado su lucha y los ha convertido en blanco de amenazas constantes.

La masacre de El Charco dejó un saldo de 11 indígenas muertos, presuntamente a manos del Ejército mexicano, durante una reunión comunitaria para discutir demandas sociales. El caso, lejos de cerrarse, sigue siendo un recordatorio de la violencia estructural en la región.

Guerrero: epicentro de la violencia

Guerrero se ha convertido en una de las entidades más peligrosas para los defensores de derechos humanos. En este contexto, la desaparición de Jonathan Cortés Gallardo y las amenazas hacia su familia no son hechos aislados.

Organismos internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han señalado la falta de protección efectiva para quienes enfrentan riesgos derivados de su labor.

Compromisos incumplidos

A pesar de que México ha firmado la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, los casos de violencia contra activistas persisten. La falta de investigaciones eficaces y la impunidad han generado desconfianza en las instituciones.

El mensaje de la RSDCIAC busca sensibilizar tanto a la sociedad como a los gobiernos, para prevenir nuevas agresiones y garantizar un entorno seguro para la defensa de los derechos humanos.

Solidaridad y acciones urgentes

Diversas organizaciones han mostrado su solidaridad con Efrén Cortés Chávez y han solicitado medidas urgentes para proteger a su familia y esclarecer la desaparición de su sobrino.

El llamado no solo se dirige a las autoridades mexicanas, sino también a la comunidad internacional, para que vigilen el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. –sn–