La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicitó aplazar la audiencia para analizar pruebas adicionales.

Por Julián Nájera | Corresponsal

El exgobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreú, acudió este martes al Juzgado Quinto Penal para una audiencia de imputación relacionada con el supuesto delito de ejercicio abusivo del cargo durante su administración (2012-2018). La diligencia fue pospuesta a solicitud de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).

El juez César Augusto Delgado, encargado del caso, aprobó el aplazamiento solicitado por la FECC, que argumentó la existencia de nuevos elementos probatorios. La decisión fue notificada durante la comparecencia, generando incertidumbre en torno al proceso legal del exmandatario.

En compañía de su exsecretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, también implicado en denuncias similares, Graco Ramírez aseguró que su presencia tenía como fin conocer los detalles del caso. Declaró que hasta el momento no se ha dictado vinculación a proceso en su contra.

Acusaciones contra Graco Ramírez

La denuncia principal que enfrenta Graco Ramírez se relaciona con su presunta intervención en un crédito otorgado por el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTGEM). Según los señalamientos, habría aprobado de manera indebida un préstamo en las últimas horas de su gestión.

Este crédito, indican los documentos oficiales, se habría autorizado sin cumplir con los requisitos establecidos para los trabajadores beneficiarios, dado que Ramírez Garrido Abreú fungía como patrón, no como empleado.

Avances y nuevas acusaciones

Aunque el caso del ICTGEM es el único que ha registrado avances legales, el exgobernador enfrenta múltiples denuncias impulsadas por la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo, sucesor de Graco Ramírez en el gobierno de Morelos. Varias de estas acusaciones involucran presuntas irregularidades en el manejo de recursos estatales.

Por su parte, Jorge Michel Luna, señalado en varios procesos relacionados con el uso indebido de recursos públicos, acompañó al exgobernador en el juzgado. Ambos se abstuvieron de emitir comentarios amplios sobre las imputaciones en su contra.

El papel de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

La FECC afirmó que las nuevas pruebas recopiladas podrían fortalecer el caso contra Graco Ramírez. Sin embargo, hasta ahora no se ha especificado la naturaleza de estos elementos ni cómo impactarán en el proceso judicial.

La fiscalía subrayó que continuará investigando las posibles irregularidades cometidas durante la gestión del exmandatario, además de dar seguimiento a las denuncias pendientes en otras instancias judiciales.

Posturas de Graco Ramírez y sus abogados

En breves declaraciones, el exgobernador reiteró su inocencia y sostuvo que las acusaciones en su contra carecen de fundamento. «Estoy aquí porque creo en las instituciones y en la justicia. Estoy seguro de que la verdad saldrá a la luz», afirmó.

Por su parte, su equipo legal expresó su inconformidad con el aplazamiento de la audiencia, señalando que esta decisión prolonga innecesariamente el proceso y afecta la reputación de su cliente.

Reacciones políticas y sociales

El caso ha generado diversas reacciones entre los actores políticos de Morelos. Diputados locales de diferentes partidos han pedido a las autoridades acelerar las investigaciones para garantizar la transparencia y rendición de cuentas.

En redes sociales, ciudadanos han manifestado su descontento con lo que consideran una falta de celeridad en los procesos judiciales contra exfuncionarios de alto nivel. Algunos usuarios señalaron que casos como el de Graco Ramírez evidencian la necesidad de fortalecer el sistema anticorrupción.

El contexto de las denuncias

Las acusaciones contra el exgobernador no son nuevas. Desde el inicio del mandato de Cuauhtémoc Blanco, se ha señalado a Graco Ramírez de múltiples irregularidades, entre ellas la malversación de fondos públicos y el abuso de poder.

Sin embargo, analistas políticos han advertido que muchas de estas denuncias podrían estar motivadas por rivalidades políticas, lo que complica aún más el panorama jurídico y mediático del caso. –sn–