Legisladores argumentaron incumplimiento de requisitos legales para permanecer en el cargo

Por Julián Nájera | Corresponsal

El Congreso de Morelos aprobó la separación definitiva de Uriel Carmona Gándara como fiscal general de justicia del estado. Con 16 votos a favor y cuatro en contra, los diputados determinaron que el funcionario dejó de cumplir con los requisitos legales para continuar en el puesto.

Esta decisión se tomó luego de que el gobierno estatal solicitó la remoción del fiscal. La determinación del Congreso ocurrió horas después de que se hiciera pública la solicitud de desafuero contra el diputado federal y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

En la sesión ordinaria del Poder Legislativo, la diputada del Partido del Trabajo, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, pidió modificar el orden del día. Su propuesta permitió incluir la designación del titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

El Congreso aprobó el nombramiento de José Guadalupe Cortés como nuevo titular del organismo. Su función será garantizar el cumplimiento de las normas en la dependencia estatal.

Uriel Carmona rechaza su destitución

Tras la resolución legislativa, Uriel Carmona Gándara anunció que impugnará la decisión. En entrevista con El Financiero, aseguró que no existe una causa grave que justifique su remoción.

El ahora exfiscal afirmó que recurrirá a las instancias judiciales para defenderse. Argumentó que su destitución responde a presiones políticas y no a un análisis jurídico sólido.

Desde 2023, Carmona Gándara enfrentó procesos judiciales impulsados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. A pesar de contar con fuero, fue detenido y permaneció 80 días en prisión antes de obtener su libertad.

El fiscal retomó su cargo tras obtener fallos favorables en tribunales federales. Sin embargo, su permanencia en la Fiscalía de Morelos generó controversias dentro del Congreso y el Ejecutivo estatal.

Cuauhtémoc Blanco pidió su destitución

En su momento, Cuauhtémoc Blanco Bravo promovió la remoción de Uriel Carmona Gándara. Sin embargo, la solicitud no se resolvió en el plazo de 10 días hábiles que marca la ley, por lo que los argumentos fueron desechados.

El exgobernador de Morelos y actual diputado federal enfrenta una solicitud de desafuero. Autoridades lo investigan por presuntos actos de corrupción durante su administración estatal.

El Congreso de Morelos justificó la remoción del fiscal con base en el incumplimiento de los requisitos legales para seguir en el cargo. Legisladores aseguraron que la decisión obedeció a un análisis técnico y no a intereses políticos.

Reacciones políticas y jurídicas

La destitución de Uriel Carmona Gándara generó reacciones divididas en el ámbito político y jurídico. Diputados de oposición señalaron que el proceso estuvo viciado de origen y respondía a presiones del gobierno estatal.

En contraste, legisladores afines a la administración morelense defendieron la decisión. Argumentaron que el Congreso actuó conforme a la ley y que el ahora exfiscal no debía seguir en funciones.

Organizaciones civiles y abogados han expresado preocupación por la manera en que se ejecutó la remoción. Advirtieron que el caso podría llegar a instancias federales si Carmona Gándara decide impugnar la resolución.

El futuro de la Fiscalía de Morelos dependerá de la designación de un nuevo titular. Mientras tanto, el gobierno estatal mantiene su postura de que la decisión del Congreso fue legítima y necesaria. –sn–