Departamento de Justicia reorienta recursos para combatir narcotráfico

SN Redacción

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una nueva política de seguridad que busca la eliminación total de los cárteles y organizaciones criminales transnacionales. La estrategia fue instruida por el presidente Donald Trump el 20 de enero de 2025.

El documento, firmado por la fiscal general Pam Bondi, señala que el gobierno federal revisó sus estrategias de seguridad y antinarcóticos. El objetivo es utilizar todos los recursos disponibles para erradicar la presencia de estos grupos en territorio estadounidense.

“No basta con detener la marea de venenos mortales, como el fentanilo, que estos grupos distribuyen en nuestra patria”, advierte el memorándum publicado el miércoles. La nueva política prioriza la acción inmediata contra los principales cárteles de droga.

Entre las medidas anunciadas, el Departamento de Justicia ordenó a los fiscales federales colaborar con el Departamento de Seguridad Interior para reforzar las acciones en la frontera y dentro de Estados Unidos.

Enfoque total en cárteles y crimen organizado

El documento instruye a la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos de la División Criminal a concentrar sus esfuerzos en investigar y confiscar los recursos financieros de los cárteles.

También establece que la División de Seguridad Nacional y la Sección de Delitos Violentos y Extorsión elaborarán un lenguaje estandarizado para describir en acusaciones y órdenes de registro a organizaciones como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Mara Salvatrucha y el Tren de Aragua.

El gobierno de Trump considera la crisis del fentanilo una de sus principales amenazas de seguridad nacional. La droga es responsable de aproximadamente 70,000 muertes por sobredosis al año en Estados Unidos.

Reasignación de recursos contra el narcotráfico

Como parte de la estrategia, la fiscal Pam Bondi disolvió un grupo de trabajo dedicado a perseguir a los oligarcas rusos tras la invasión de Ucrania. Los recursos serán redirigidos para combatir a las organizaciones criminales transnacionales.

También se ordenó la disolución de la Fuerza Operativa de Influencia Extranjera, creada en el primer mandato de Trump. Esta unidad tenía la tarea de rastrear campañas de injerencia de Rusia y otros países en procesos democráticos de Estados Unidos.

El memorándum establece que los abogados y agentes asignados a esas iniciativas deberán regresar a sus puestos anteriores. Su labor ahora estará enfocada en la eliminación de cárteles y redes criminales.

Estrategia legal y operativa

El documento señala que la nueva estrategia no solo busca frenar el tráfico de drogas, sino desmantelar por completo a los grupos responsables. Las medidas incluyen procesamientos más agresivos, ampliación de operaciones encubiertas y fortalecimiento de cooperación internacional.

El gobierno de Trump ha señalado a México, Venezuela y Colombia como los principales países de origen del narcotráfico. Funcionarios estadounidenses han reiterado la necesidad de una mayor colaboración con estos gobiernos.

La administración también evalúa designar a algunos cárteles como organizaciones terroristas. Esta clasificación permitiría el uso de herramientas más contundentes para combatirlas, como sanciones financieras y operativos militares.

Presión internacional y tensiones diplomáticas

El endurecimiento de la política antidrogas ha generado reacciones en la comunidad internacional. México ha expresado su rechazo a la posibilidad de que cárteles mexicanos sean designados como grupos terroristas.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que la soberanía de su país no debe ser vulnerada por operaciones extranjeras. Sin embargo, Estados Unidos ha advertido que tomará medidas unilaterales si lo considera necesario.

Los gobiernos de Colombia y Venezuela han mantenido posturas ambiguas. Mientras que Bogotá ha mostrado disposición para cooperar, Caracas ha rechazado las acusaciones de vínculos con grupos criminales.

Impacto en la política de seguridad de EE.UU.

Expertos han advertido que esta política podría derivar en un aumento de operaciones encubiertas y extradiciones masivas. También se espera una mayor presión sobre agencias como la DEA y el FBI, que jugarán un papel clave en la implementación de la estrategia.

El Congreso estadounidense analizará posibles modificaciones legislativas para reforzar las capacidades del Departamento de Justicia en esta nueva fase de combate al crimen organizado.

El Pentágono también ha sido consultado sobre posibles acciones que podrían incluir despliegues militares en la frontera sur. Aunque no se han confirmado planes concretos, el gobierno de Trump ha reiterado que usará todos los medios disponibles. –sn–