Deficiencias en la gestión de residuos sólidos.

SN Redacción

En Zacatecas, 45 de los 58 municipios incumplieron las normas ambientales federales al operar tiraderos que contaminaron el entorno y representaron riesgos para la salud de la población. La falta de infraestructura adecuada generó focos de infección y aumentó el peligro de incendios.

La Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA) reconoció que los municipios con mayor producción de residuos sólidos, como Fresnillo, Tlaltenango y Río Grande, mantuvieron sitios de disposición final fuera de norma. La dependencia alertó sobre la urgencia de regularizar estos espacios.

Otros municipios afectados incluyeron a Jerez, Trancoso, Loreto y Mazapil, donde las deficiencias en el manejo de desechos pusieron en riesgo los cuerpos de agua cercanos. Las comunidades cercanas enfrentaron afectaciones por la proliferación de plagas y malos olores.

En todo el estado solo operaron 12 rellenos sanitarios autorizados, entre ellos Jioresa, que recibió los desechos de Zacatecas, Vetagrande, Morelos y Guadalupe. Sin embargo, su capacidad fue insuficiente para atender la demanda de la entidad.

La titular de la SAMA, Susana Rodríguez, afirmó que se requerían entre 360 y 450 millones de pesos para construir rellenos sanitarios en los 45 municipios sin infraestructura adecuada. Cada obra tendría un costo estimado de entre 8 y 10 millones de pesos.

Municipios sin recursos para regularización

Rodríguez reconoció que ni los municipios ni la SAMA contaron con los recursos suficientes para solventar la crisis. La dependencia planteó la necesidad de gestionar financiamiento federal con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El 77% de los municipios zacatecanos incumplieron la Norma Oficial Mexicana 083-SEMARNAT, que estableció las especificaciones para la ubicación, construcción y operación de los sitios de disposición final de residuos.

La norma indicó que los rellenos sanitarios debían situarse a más de 500 metros de cualquier cuerpo de agua o pozo, activos o inactivos. Además, obligó a los gobiernos municipales a cubrir diariamente la basura con material de recubrimiento para evitar incendios.

Rodríguez subrayó que la mayoría de los sitios en Zacatecas carecieron de maquinaria adecuada para compactar residuos y reducir los riesgos de contaminación. La falta de estas medidas facilitó la dispersión de residuos peligrosos.

Funcionarios estatales llamaron a los alcaldes a gestionar proyectos para la regularización de sus sitios de disposición final. Sin embargo, alertaron que muchos ayuntamientos desestimaron la problemática por considerarla poco rentable.

Casos críticos en Fresnillo y Tlaltenango

Durante 2024, solo se construyeron dos rellenos sanitarios en los municipios de Luis Moya y la comunidad de Tayahua, en Villanueva. El avance fue insuficiente para atender la crisis en el resto del estado.

En Fresnillo, el municipio más poblado de Zacatecas, la falta de un sitio adecuado para la disposición de basura provocó sanciones. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró su tiradero en 2023 por incumplimientos normativos.

El ayuntamiento recurrió a un terreno alterno para el confinamiento irregular de residuos. El alcalde Javier Torres Rodríguez reconoció que la falta de recursos impidió la construcción de un relleno sanitario en cumplimiento con la normatividad ambiental.

En Tlaltenango, la Profepa clausuró el relleno sanitario en 2022 por generar altos niveles de contaminación en la comunidad indígena de Cicacalco. Pese a ello, el gobierno municipal no implementó un plan de cierre, monitoreo ni remediación.

Cuando fue inaugurado en 2019, las autoridades estatales y municipales promovieron el relleno de Tlaltenango como uno de los más modernos del país. Sin embargo, su operación deficiente convirtió el sitio en un foco de contaminación ambiental.

Impacto ambiental y llamado a la regularización

La crisis de residuos sólidos en Zacatecas evidenció la falta de planeación y compromiso de los gobiernos municipales en la gestión ambiental. La contaminación generada por los tiraderos afectó cuerpos de agua y suelos agrícolas.

La SAMA insistió en que los ayuntamientos deben presentar proyectos estructurados para acceder a financiamiento federal. Sin embargo, la burocracia y la falta de voluntad política han retrasado la implementación de soluciones efectivas.

El incumplimiento de la NOM 083 en la mayoría de los municipios representa un riesgo latente para la salud pública. Especialistas alertaron sobre el aumento de enfermedades respiratorias e infecciones derivadas de la acumulación inadecuada de residuos.

La falta de maquinaria especializada y personal capacitado complicó la regularización de los tiraderos. Muchos municipios no contaron con planes de recolección eficientes ni infraestructura para la separación de residuos.

Ambientalistas señalaron que, de no atenderse el problema, Zacatecas podría enfrentar sanciones federales más severas. La contaminación en ríos y suelos podría derivar en declaratorias de emergencia ambiental.

Presión sobre los gobiernos municipales

Ante la presión de la sociedad civil, algunos ayuntamientos anunciaron la revisión de sus sistemas de recolección y disposición de residuos. Sin embargo, los avances han sido mínimos y la crisis persiste en gran parte del estado.

Organizaciones ambientalistas han solicitado auditorías para evaluar la gestión de los rellenos sanitarios existentes y sancionar a los municipios que incumplan la normatividad.

El caso de Zacatecas refleja una problemática nacional, donde la falta de inversión en infraestructura ambiental ha provocado el colapso de los sistemas de manejo de residuos sólidos.

La Profepa advirtió que continuará con inspecciones en los municipios señalados. Aquellos que no cumplan con las medidas correctivas podrían enfrentar multas y nuevas clausuras.

Mientras los gobiernos locales buscan financiamiento, la población sigue expuesta a los efectos negativos de la contaminación generada por los tiraderos clandestinos. –sn–