Human Rights Watch denuncia impacto devastador y exige supervisión judicial
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
Una ley de Nueva Jersey otorga a la Fiscalía el poder absoluto de decidir si niños, niñas y adolescentes deben ser juzgados como adultos. Esta práctica ha provocado daños irreparables, según un informe de Human Rights Watch (HRW) publicado recientemente.
El documento de 61 páginas titulado «Dejados de lado: El procesamiento indiscriminado de niños, niñas y adolescentes como personas adultas en Nueva Jersey», revela que el sistema permite decisiones arbitrarias sin apenas control judicial. Esta política afecta desproporcionadamente a jóvenes de comunidades racializadas.
La legislación permite que la Fiscalía transfiera menores al sistema penal para adultos, un proceso conocido como waiver. Los jueces solo pueden intervenir si se demuestra abuso de poder, un estándar prácticamente inalcanzable.
Impacto en comunidades vulnerables
La criminalización de menores ha generado disparidades raciales y geográficas en la aplicación de la ley. Niños y adolescentes de comunidades afroamericanas y latinas enfrentan tasas de traslado significativamente más altas.
La política ha causado prolongados periodos de detención preventiva. Jóvenes que deberían recibir atención rehabilitadora terminan encarcelados en prisiones diseñadas para adultos.
Amanda Leavell, investigadora de HRW, señaló que esta ley abandona la protección infantil en favor de un castigo severo. Subrayó que estas medidas destruyen vidas y perpetúan ciclos de violencia en barrios marginados.
Colapso en centros penitenciarios
El traslado de menores al sistema de justicia para adultos ha agravado la crisis en los centros penitenciarios del estado. Las prisiones preventivas operan al límite de su capacidad, afectando la atención de los jóvenes detenidos.
Los retrasos en el sistema judicial prolongan la reclusión de los menores. Un joven entrevistado por HRW relató haber pasado casi dos años en detención preventiva sin juicio.
La organización recopiló testimonios de más de 80 personas, incluyendo afectados y especialistas. También analizó documentos judiciales y registros de detención para evidenciar el impacto de esta práctica.
Falacia de la «mano dura contra el crimen»
Defensores de políticas punitivas argumentan que los menores deben enfrentar sentencias similares a las de los adultos. Sin embargo, en Nueva Jersey, el sistema juvenil ya contempla penas severas, como hasta 20 años por homicidio en primer grado.
Laura Cohen, profesora de derecho en la Universidad Rutgers, afirmó que no existe beneficio alguno en procesar a menores como adultos. Sostuvo que estas medidas no reducen el crimen y, en cambio, debilitan la seguridad pública.
El informe de HRW concluye que las decisiones de traslado fiscal perjudican a la juventud sin ofrecer alternativas de rehabilitación. La criminalización temprana los expone a entornos carcelarios hostiles y a futuras reincidencias.
Violación a tratados internacionales
El derecho internacional establece que la detención de menores debe ser el último recurso y por el menor tiempo posible. La Convención sobre los Derechos del Niño, firmada por Estados Unidos pero no ratificada, exige un enfoque de justicia restaurativa.
El informe denuncia que el modelo de Nueva Jersey contradice estos principios al priorizar castigos extremos sobre la reintegración social. Los legisladores estatales enfrentan crecientes presiones para reformar esta política.
HRW instó al Congreso estatal a restaurar la supervisión judicial en los traslados. Exigió garantizar que los menores sean juzgados en un sistema que proteja su futuro en lugar de condenarlos al fracaso. –sn–
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