La medida municipal podría vulnerar derechos humanos
Óscar A. Pech | Corresponsal
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) rechazó la restricción nocturna impuesta en Hocabá.
La presidencia municipal determinó que los menores no podrían estar en la vía pública después de las 23:00 horas.
El argumento del ayuntamiento fue prevenir hechos de violencia tras un linchamiento ocurrido en Tekit.
Orden municipal genera controversia
El gobierno local justificó la medida con supuesta aprobación del Cabildo y la consideró una acción preventiva.
El comunicado oficial indicó que cualquier menor en la calle después del horario establecido sería enviado a su domicilio.
Si reincidía, se notificaría a sus padres y se aplicaría una sanción administrativa a los tutores.
La disposición municipal provocó opiniones divididas entre los habitantes del municipio y especialistas en derechos humanos.
Codhey advierte sobre ilegalidad de la medida
La Codhey, encabezada por María Guadalupe Méndez Correa, calificó la restricción como una violación al marco jurídico.
El organismo recordó que la seguridad jurídica y la libertad de tránsito están protegidas por la Constitución.
Las autoridades locales no tienen competencia para limitar derechos fundamentales sin un proceso legal establecido.
Además, la comisión señaló que el Bando de Policía y Buen Gobierno no es suficiente para restringir libertades.
Medida cautelar para frenar la restricción
Ante la imposición de la medida, la Codhey emitió una acción cautelar para evitar su aplicación.
El documento insta al ayuntamiento de Hocabá a suspender la orden de inmediato.
El organismo enfatizó que el control de la seguridad pública debe respetar el marco legal vigente.
La violencia y la inseguridad no pueden combatirse con disposiciones arbitrarias o sin sustento jurídico.
Alternativas para la prevención del delito
La Codhey recomendó al gobierno municipal aplicar estrategias de prevención con un enfoque integral.
Propuso la implementación de programas de educación y cultura para fortalecer el tejido social.
El uso problemático de drogas y la falta de espacios públicos deben atenderse con acciones estructurales.
Los municipios pueden desarrollar políticas de seguridad basadas en derechos humanos y no en restricciones.
Instan a un enfoque educativo y preventivo
El organismo exhortó a las autoridades municipales a coordinarse con instancias especializadas.
Sugirió la creación de procesos educativos para la prevención del delito y la promoción de la igualdad.
Las medidas restrictivas sin sustento legal solo generan incertidumbre y vulneran derechos fundamentales.
El diálogo entre las autoridades locales y la Codhey podría derivar en estrategias más efectivas y legales. –sn–
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