El gobierno de Claudia Sheinbaum analiza riesgos ante la petición del capo

Por Martín García | Reportero

El gabinete de seguridad federal recomendó a la presidente Claudia Sheinbaum Pardo no solicitar la repatriación de Ismael ‘El Mayo’ Zambada García, quien enfrenta un proceso penal en los Estados Unidos. El narcotraficante pidió regresar a México para evitar la pena de muerte en Nueva York.

El análisis del gabinete alertó sobre una posible crisis diplomática con el presidente Donald Trump si se presionaba por su retorno. Se señaló que Washington podría tomar represalias en materia de seguridad, extradiciones y comercio.

«Exigir la repatriación y nulidad del proceso traía costos diplomáticos y afectaba la cooperación bilateral», indicó el documento citado por el diario El Universal. La relación con EE.UU. podría deteriorarse si se interpretaban las acciones como un respaldo al narcotraficante.

El informe también planteó la necesidad de que los funcionarios mexicanos eviten posturas que puedan ser interpretadas como defensa de El Mayo o de otros capos. Cualquier mensaje ambiguo podría generar una respuesta agresiva de las agencias de seguridad estadounidenses.

Consecuencias diplomáticas y estrategias cautelosas

El gobierno de Claudia Sheinbaum evalúa opciones para no afectar la cooperación con EU en materia de seguridad. El gabinete sugirió que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) podría enviar una nota diplomática solicitando información sobre la captura y traslado del narcotraficante.

El documento recomendó que la petición no se perciba como una defensa del capo. «El enfoque debe ser estrictamente institucional», expuso el análisis. La posición de México debe alinearse con su compromiso en la lucha contra el crimen organizado.

La SRE podría solicitar la protección consular mínima para El Mayo, conforme a tratados internacionales. Sin embargo, esto no implicaría promover activamente su retorno ni interferir con el proceso penal en Nueva York.

Postura de México ante la pena de muerte

El gobierno mexicano reafirmó su rechazo a la pena capital. Se planteó gestionar ante las autoridades estadounidenses que no se aplique esta condena a Zambada García, en congruencia con la política exterior de México.

El análisis del gabinete reconoció que presionar por la nulidad del proceso podía interpretarse como un debilitamiento del Estado mexicano frente al narcotráfico. Se enfatizó la importancia de mantener una posición firme y apegada a la ley.

«La cooperación bilateral en seguridad se vería afectada si México adopta una postura que contradiga los acuerdos con Washington», subrayó el informe. Se descartó cualquier acción que debilitara la relación entre ambas naciones.

Investigaciones internas y relación con EE.UU.

La Fiscalía General de la República (FGR) podría abrir una investigación interna para determinar si la extradición de El Mayo a EE.UU. se realizó conforme a la ley. No obstante, el gabinete recomendó que el caso no se politizara.

El documento sugirió que la FGR coordine con el Departamento de Justicia de EU para garantizar que el proceso judicial en Nueva York se apegue a derecho. «El objetivo es vigilar que se respeten los derechos del detenido sin comprometer la relación bilateral», indicó el análisis.

El gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene una estrategia de cautela en el caso. La administración busca evitar tensiones con la Casa Blanca y mantener la cooperación en seguridad y extradiciones.

Tensión política y consecuencias en el futuro

La decisión de no solicitar la repatriación de Ismael ‘El Mayo’ Zambada responde a un análisis profundo de las implicaciones diplomáticas. La administración de Donald Trump ha endurecido su postura frente al narcotráfico, lo que aumenta la complejidad del caso.

El gabinete de seguridad reiteró que México no puede arriesgar sanciones comerciales o medidas de presión en seguridad por intervenir en el caso. «Es fundamental preservar la relación con EE.UU. y evitar interpretaciones erróneas», concluyó el informe.

El futuro de El Mayo dependerá de las decisiones del gobierno estadounidense y de la evolución de su proceso legal. Mientras tanto, México mantendrá una postura de observación sin interferir directamente en el juicio. –sn–