El dictamen será revisado en la Cámara de Diputados antes de su implementación
Por Gabriela Díaz | Reportera
El Senado de la República aprobó en lo general la reforma constitucional promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo objetivo es prohibir la reelección y evitar el nepotismo electoral en los cargos de elección popular.
La iniciativa, avalada en comisiones y discutida en sesión ordinaria el 25 de febrero de 2025, recibió el respaldo unánime de los 127 senadores presentes. Posteriormente, 97 legisladores votaron a favor de los artículos reservados y modificaciones, superando los 26 posicionamientos en contra.
La reforma establece que senadores y diputados, tanto locales como federales, no podrán reelegirse de manera consecutiva. Además, impide que familiares de un funcionario en funciones contiendan por el mismo cargo o por otros de la misma jurisdicción.
Límites a la perpetuación en el poder
Con esta reforma, quienes ocupen un cargo público no podrán ceder el puesto a familiares cercanos. Esto busca cerrar la puerta a la influencia de clanes políticos que han dominado la vida pública en varias entidades del país.
El dictamen prohíbe que candidatos tengan vínculos de matrimonio, concubinato o relación de pareja con el titular del puesto durante al menos tres años antes de la elección. También impide la participación de personas con parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado.
Para evitar simulaciones, la reforma obliga a quienes se encuentren en esta situación a esperar un periodo electoral completo antes de postularse nuevamente.
La iniciativa responde a la creciente preocupación por el uso del poder para garantizar la permanencia de familias enteras en cargos de gobierno.
Entrada en vigor hasta 2030
Uno de los aspectos más polémicos de la reforma fue la modificación en su aplicación. Originalmente, se propuso que entrara en vigor en 2027, pero una propuesta de Adán Augusto López y Manuel Velasco Coello retrasó su implementación hasta 2030.
El cambio generó críticas por parte de legisladores de oposición, quienes señalaron que la prórroga beneficia a políticos cercanos a Morena, permitiéndoles contender en 2027 antes de la entrada en vigor de las restricciones.
En particular, figuras como Félix Salgado Macedonio, Raúl Monreal y Ruth Miriam González podrían postularse en los comicios de 2027 para suceder a sus familiares en gubernaturas estatales.
Sheinbaum respalda la iniciativa como un avance democrático
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la reforma al argumentar que evitará la consolidación de dinastías políticas en el país. Desde Palacio Nacional, afirmó que este cambio fortalecerá la alternancia política y evitará el uso de influencias familiares para mantener el poder.
El dictamen ahora pasará a la Cámara de Diputados, donde se someterá a discusión y votación. En caso de ser aprobado, deberá ser ratificado por los congresos estatales antes de su promulgación.
Oposición acusa retroceso por falta de retroactividad
Senadores del PAN, PRI y MC criticaron que la reforma pierda impacto al retrasar su aplicación hasta 2030, permitiendo que políticos actuales capitalicen su influencia en los próximos años.
El senador Damián Zepeda Vidales afirmó que la modificación favorece a Morena, pues permite que figuras cercanas al oficialismo participen en 2027 sin restricciones.
Por su parte, Xóchitl Gálvez Ruiz cuestionó la reforma al señalar que, aunque la eliminación de la reelección es un paso positivo, el retraso en su implementación desvirtúa su propósito.
En contraste, legisladores de Morena y el PT defendieron la medida y argumentaron que una transición gradual permitirá ajustes en la legislación secundaria para evitar controversias jurídicas.
Impacto en la política mexicana
Especialistas en derecho electoral han señalado que la reforma representa un avance parcial en la democracia mexicana. Sin embargo, el retraso en su aplicación abre la puerta para que algunos actores políticos refuercen su influencia antes de 2030.
El Instituto Nacional Electoral (INE) indicó que la reforma requerirá ajustes en la normatividad electoral, lo que obligará a los partidos a modificar sus estatutos internos antes de los comicios intermedios de 2027. –sn–

